"Nuestro objetivo es que se cumplan los fines y usos turísticos para los que fueron construidas las diferentes tipologías de alojamiento existentes en el complejo Bahía Sur". Con estas palabras el delegado de Urbanismo, Manuel Prado, se refería a las acciones que la administración y la Junta de Andalucía lleva a cabo ante el uso como vivienda habitual de apartamentos en Bahía Sur que están destinados al turismo. Concretamente, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha incoado 74 expedientes sancionadores y de restablecimiento de la legalidad urbanística por su uso indebido.

Un total de 38 expedientes se encuentran en fase de alegaciones. Otros 26 están ahora en fase de prueba. Diez han sido resueltos con imposición de sanción y requerimiento. En fase de apremio hay dos expedientes y se llegó a precintar una unidad, aunque a la fecha actual ha legalizado su situación. Cinco recursos de reposición han sido presentados. En estos trámites también se ha procedido a la apertura de un periodo de prueba, un derecho del denunciado que solicita a través de las alegaciones. Si se estima, explica el proceso Urbanismo, hay que tramitar con carácter previo alguna prueba para incorporarla al expediente antes de adoptar la resolución. En algunos expedientes se ha requerido documentación complementaria antes de la decisión final.

El proceso abierto para normalizar la situación responde a tres cuestiones fundamentales, señala Prado: "el cumplimiento de la normativa, los derechos de los titulares de esas unidades de alojamiento y los derechos del colectivo de trabajadores y trabajadoras que pudieran estar afectados".

El Ayuntamiento, insiste el delegado, defiende el proyecto turístico y la ley ampara la correcta regulación de esos apartamentos. Además está el aspecto esencial de estos espacios como la creación de puestos de trabajo. El complejo isleño cuenta, según la información facilitada por el Ayuntamiento, con 29 apartamientos, 17 dúplex, 27 bungalows y un estudio.