Ultimátum de jueces y fiscales para repetir la huelga de 2009

La rebelión de las togas se avecina de nuevo. La protesta llega tan sólo tres años después de la histórica huelga para reclamar más medios y personal para la Justicia tras los errores detectados en el caso Mari Luz. Los jueces no descartan volver a repetir la huelga de 2009 para mostrar su "malestar" por la situación de colapso en la que siguen sumidos los juzgados, los recortes estatutarios y salariales acordados, la falta de inversión en materia de Justicia y el "vaciamiento" de las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la reforma propuesta por el Gobierno. Jueces, magistrados y fiscales de toda España aprobaron un comunicado en el que apoyan medidas de presión y no descartan paros parciales y huelga. "si los anteproyectos de reforma de la LOPJ no se paralizan y sigue sin abrirse una vía de negociación seguiremos adoptando medidas de presión concretas sin descartar paros parciales y huelga", reza el comunicado de asociaciones de jueces y fiscales como última cuestión.

En Cádiz, la juez decana, Nuria Orellana, habló de la unanimidad existente en toda la carrera judicial en su "malestar" antes las reformas emprendidas por el Gobierno y la falta de inversión, y aseguró que desde aquí se unen a todas las medidas de presión y se apoyarán todas las protestas que se decidan. Desde las 11:00 horas de ayer, al igual que en el resto de España, se fueron celebrando en la provincia junta de jueces en los distintos partidos judiciales con un orden del día similar al de todo el país: aprobar una manifiesto en que los jueces y magistrados muestran su indignación por reformas y recortes.

La titular del juzgado de lo Mercantil de Cádiz, en representación de la junta gaditana, convocó a los medios para criticar la "politización" de la Justicia que se quiere hacer con la reforma del Consejo General de Poder Judicial "donde se pretende el control político de turno del órgano de gobierno de los jueces". "La mayor garantía para el ciudadano es un poder judicial independiente y la separación absoluta del poder ejecutivo y con las reformas de los sucesivos gobiernos lo que se pretende es una intromisión", aseguró. Orellana, dando voz al manifiesto aprobado, añadió también que no hay voluntad política por una modernización de la Justicia y que "no habido inversión ni en medios materiales ni personales desde 2008".

Con conocimiento de causa, afirmó, Cádiz "ha sido una de las provincias más afectadas por la crisis" y eso se ha notado en los juzgados. Orellana, titular del juzgado único de lo Mercantil, señaló que no se ha creado otro juzgado a pesar de que el TSJA lo pidió hace tres años y está "colapsado". "Hay muchísimas empresas que han venido a concurso de acreedores y otras empresas que sobreviven con impagos de empresas que están en concurso. Pero no sólo de su juzgado habló la juez decana. "Aquí los juzgados de los social también están igual. Cada vez hay más reclamaciones por morosidad, ejecuciones de hipotecas o las demandas judiciales individuales por los despidos de la reforma laboral. O en lo contencioso administrativo, con retrasos en los señalamientos". "Por mucho que hagamos no podemos dar la Justicia de calidad que se merece el ciudadano. Y no será porque no se ponen sentencias. En Cádiz superamos el 100% de productividad y hay un sobreesfuerzo por parte de la carrera judicial, que ha asumido los recortes pero es insuficiente", dijo.

La junta de jueces de Cádiz ya ha acordado una serie de medidas propuestas por el comité interasociativo de jueces y fiscales, que incluyen el cumplimiento estricto de los horarios, así como la celebración de juntas sectoriales de las distintas jurisdicciones en las que se acordarán medidas de autorregulación de la carga de trabajo y de posible limitación de los señalamientos de los juicios. La junta de jueces también ha instado a la elaboración de un catálogo profesional de enfermedades y a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apruebe definitivamente unos módulos que definan la carga de trabajo razonable que debe asumir cada juez, propuesto en el comunicado de asociaciones de jueces y fiscales.

Los jueces han rechazado los recortes estatutarios y han acordado el cumplimiento estricto de las horas de audiencia. Desde este sector de la Justicia se asegura que los jueces están "sufriendo las consecuencias" del colapso en su salud, "dado que se llevan el trabajo a casa y es raro que se puedan descansar un fin de semana completo".

Nuria Orellana dejó claro que saben que hay crisis "pero desde nuestro punto de vista hay que invertir en Justicia". "Por ejemplo, hay mucho dinero paralizado en los juzgados que no se puede mover y eso sería una inyección para la economía". Y también criticó la ongelación de las oposiciones de jueces y fiscale, afirmando al respecto que España sigue teniendo una ratio de jueces por habitante que se halla entre las más bajas de Europa.