Planes urbanísticos para Atlanterra

El Ayuntamiento de Tarifa tiene sobre su mesa dos enormes proyectos para ampliar el complejo inmobiliario y turístico de Atlanterra, que se expande junto a Zahara de los Atunes desde hace tres décadas a base de bloques de apartamentos frente al mar. Los dos planes en gestión suman expectativas para triplicar el tamaño y la capacidad de alojamiento de la ciudad de vacaciones de la costa tarifeña. El más avanzado, iniciativa de la inmobiliaria Grupo Q, sólo aguarda su aprobación definitiva por parte de la Junta de Andalucía. El segundo proyecto, liderado por Grupo Veintidós, está a expensas de su inclusión en el nuevo Plan General, incapaz de asumir, por ley, tan ingente desarrollo urbanístico.

El equipo de Gobierno de Tarifa (PSOE en coalición con IU) da por hecho que la Administración andaluza aceptará el plan parcial SA-1 Cabo de Plata, que dibuja un campo de golf, un millar de viviendas y unas 1.300 plazas hoteleras, en la segunda línea de Atlanterra. Grupo Q insistió en la baja densidad de sus edificaciones, pero su propuesta fue paralizada en 2007 por la Comisión Provincial de Urbanismo: las zonas residenciales se extendían demasiado sobre la parcela y quedaban aisladas -lo que encarece la inversión en equipamientos-, y el suministro de agua no estaba garantizado, objetó la Comisión.

La semana pasada el Pleno de Tarifa volvió a aprobar el plan de ampliación de Atlanterra -heredado del mandato del PP entre 1999 y 2003-, que ahora cuenta con el respaldo de la Agencia Andaluza del Agua y ha acometido cambios en la distribución residencial, informó el Consistorio.

El alcalde de la localidad, Miguel Manella (PSOE), defiende que las inversiones privadas servirán para aliviar el déficit de servicios y equipamientos públicos que sufren las 2.500 viviendas de Atlanterra, tal y como determina un requerimiento judicial formulado el año pasado al Ayuntamiento. "Con el plan liberamos 100.000 metros cuadrados para equipamientos públicos, y a eso sumamos el golf y los hoteles, que hacen falta si lo que queremos tener es un complejo turístico, con vida más allá de cuatro meses al año", argumenta Manella.

A la postura del regidor se vuelve a enfrentar la de su socio de Gobierno Javier Mohedano, el único concejal de IU, y también único en oponerse a la aprobación del Plan Cabo de Plata. "Si lo que se necesitan son equipamientos, que haya inversión pública en equipamientos, y no más viviendas que fomentan un modelo urbanístico propio de la Costa del Sol, caducado por completo", razona el concejal.

Mohedano sí coincide con Manella en dar por hecho que el proyecto saldrá adelante. Su tramitación es anterior a la aprobación del POTA -Plan de Ordenación del Territorio-. Además, la Comisión no lo rechazó, sino que instó al Ayuntamiento a que hiciera varias modificaciones en el documento. "La Junta tiene discursos antagónicos. De una parte anuncia la compra de suelo para conservar libre el litoral y, de otra, casi de tapadillo, permite urbanizaciones costeras, sin tener en cuenta la sequía ni la crisis del ladrillo, critica el concejal de IU.

El PGOU vigente en Tarifa entró en vigor en 1990. El Ayuntamiento presentó el avance de un nuevo Plan en 2004, pero las nuevas leyes de ordenación y sus restricciones a los desarrollos urbanísticos invalidaron el documento y paralizaron varios de los proyectos inmobiliarios y turísticos ya conveniados por el municipio.

El más importante de ellos es el de Cortijo del Moro, una parcela de seis millones de metros cuadrados junto al SA-1, a la espalda de Atlanterra y de las lujosas residencias de Cabo de Plata. La inmobiliaria Grupo Veintidós, que firmó su convenio en 2004, planea levantar 1.350 plazas hoteleras, 1.100 viviendas y dos campos de golf en una "de las actuaciones turístico-urbanísticas más importantes del litoral andaluz", según promociona en su web.

Pero el proyecto está en el aire. El alcalde de Tarifa "ve difícil" que se incluya en el nuevo Plan General, que se presentará antes de septiembre. "No es una postura definitiva, pero creo que no va a salir", apunta Manella. Para Mohedano, el convenio urbanístico acabará por romperse: "El POTA ha acabado con este plan. Sólo con la carga que se plantea en el Cortijo del Moro, Tarifa superaría los límites de crecimiento legales para todo el municipio", recalcó.