La Justicia sigue actuando con mucha lentitud en el caso de Rafael Ricardi Robles, el portuense que ha estado casi 13 años encarcelado por una violación que no cometió y que, a día de hoy, sigue siendo legalmente culpable.

Porque Ricardi, un toxicómano que vivía debajo de un puente cuando fue detenido, sigue en libertad condicional, tras requerir la Fiscalía su excarcelación en julio, lo que no hizo hasta determinarse científicamente que fueron dos jerezanos los que cometieron la agresión. Aunque ocho años después de que el Instituto Nacional de Toxicología hubiera descartado ya por completo que fuera su ADN el que se halló en una gasa con la que se limpió la víctima y que, cinco años antes, había sido dado como no excluyente, convirtiéndose por ello en una prueba más para condenarlo.

El Tribunal Supremo, en un auto de final de noviembre que no se conoció hasta ayer, ha autorizado la interposición del recurso extraordinario de revisión promovido por la defensa del portuense, ejercida pro la abogada de Derechos Humanos Antonia Alba, en julio. Cuatro meses después, dice que procede el recurso. Resta ver cuánto tardará el fallo del recurso propiamente dicho.

El Supremo recuerda que el recurso de revisión es un recurso extraordinario que supone un quebranto del principio de respeto a la cosa juzgada. Por ello, sólo puede ser viable cuando se trate de sanar situaciones acreditadamente injustas en las que se evidencia, a favor del reo, la inocencia respecto al hecho que sirvió de fundamento a la sentencia de condena. Y en este caso, se ha considerado que el recurso de Ricardi "cumple las exigencias para que proceda autorizarse su interposición", habida cuenta que así también lo ha propugnado el Ministerio Fiscal. El Ministerio público, en el escrito remitido al Supremo, hace hincapié primero en que fue reconocido por la víctima "de forma indubitativa", y termina hablando del nuevo informe de julio de este año que determinó que en los restos de la violación que aún sigue penando Ricardi se ha hallado el ADN de los dos jerezanos a los que empezó a apuntar la Policía en abril de este año. "De ello, puede concluirse que si fueron dos los autores tal y como relatan los hechos probados de la sentencia y están identificados a través de los restos biológicos, excluye la participación y por tanto la responsabilidad del condenado", apostilla el informe fiscal tenido en cuenta por el TS.

La abogada de Ricardi, en declaraciones a este diario, se mostró satisfecha a medias. Porque Antonia Alba se congratuló de lo que definió como "nuevo paso, lento pero rotundo". Pero no ocultó su indignación por haberse enterado una vez más (lo mismo ocurrió cuando la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, anunció que iba a pedir la excarcelación, en julio) del auto del Supremo por la prensa.

Pese a haber sido ella la que ha iniciado el procedimiento, no le ha sido notificado el auto aún ni a ella ni a su cliente. "Es una falta de respeto y consideración a mi cliente, un despropósito más", apuntó la letrada. La abogada tiene 15 días para presentar el recurso, lo que hará de inmediato. Aunque para eso hace falta que antes se lo notifiquen.