La Sepi anuncia ajustes de sueldo y de capital social en Navantia

El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, reconoció ayer que los trabajadores de Navantia deberán asumir "ajustes de retribuciones" en el marco del Plan de Competitividad en que trabaja la compañía, y aseguró que o se reducen las pérdidas o "habrá que disminuir el capital social" de la empresa.

Ante la Comisión de Hacienda del Congreso, Aguirre afirmó que entre 2008 y 2011 "no se produjo ninguna contratación", por lo que la carga de trabajo se "irá agotando gradualmente" en los próximos ejercicios y "las plantillas entrarán en una intensa subactividad", lo que causará "una reducción de ingresos" y "un incremento muy notable de las pérdidas". También hizo hincapié en que "Navantia está entrando en un deterioro alarmante de la cuenta de resultados, lo que provocará una erosión de su capital social. Y estas pérdidas continuadas y recurrentes harán preciso, este año, una apelación de Navantia a la financiación externa, porque con sus recursos no podrá mantener su actividad", dijo.

Y es que, según los cálculos que enunció ayer, entre 2011 y 2013 la compañía perderá 169 millones de euros (42 millones en 2011, 78 millones en 2012 y 49 millones este año). En este sentido, Aguirre ha destacado que se han "ralentizado" las pérdidas, pero no es suficiente, por lo que "o se cambia esta situación económica y financiera y se corrigen las pérdidas o habrá que apelar a recursos externos". Y continuó afirmando que "en 2014, si no hemos conseguido contener la situación, habrá que disminuir el capital de Navantia por imperativo legal. Y siempre que se disminuye el capital social hay vinculaciones en materia de ajustes de todo tipo".

A renglón seguido, argumentó que esta tendencia se debe, por una parte, a las restricciones presupuestarias del Ministerio de Defensa, que es "el principal cliente" de Navantia; pero también a una falta de competitividad derivada en parte de que los precios que ofrece son un 15% superiores a los de los competidores, llegado al incluso 50% si se compara con la competencia asiática. "A nadie se le puede ocultar que si seguimos con esa política de precios nuestra capacidad de abrir mercados internacionalmente se verá claramente disminuida. No busquen argumentos extraños para las razones de pérdidas de concursos; el tema del precio nos ha dejado fuera", añadió.

Por eso, Navantia está trabajando en un Plan de Competitividad que pivotará "en una parte importante" sobre una revisión del convenio colectivo, lo que conllevará "asumir la situación crítica de Navantia" para poder conseguir "generar estabilidad en los puestos de trabajo". Esto significa que "los ajustes podrían recaer en los salarios" aunque siempre con "la vocación de mantenimiento de los puestos de trabajo" y de su estabilidad. "Pero todos estamos siendo objeto de ajustes salariales últimamente, así que no hablamos de nada extraño", recordó.

No obstante, eludió estimar qué proporción de reducción salarial se podría llegar a aprobar porque es un asunto que "deben pactar la empresa y la representación sindical", si bien recordó que es necesario "vincular el convenio a las nuevas exigencias" del mercado.

Aguirre también explicó que "Navantia orientará totalmente su actividad a abrir mercados en el sector internacional". Por último, justificó la necesidad de todas estas medidas en que se intenta "evitar que la situación difícil de Navantia pase a ser crítica" o que se caiga en "una crisis reputacional" que dificultaría aún más la apertura de mercados. Para conseguirlo, apeló a la responsabilidad de todas las partes, incluidos los trabajadores y la sociedad civil.

Estas declaraciones cogieron por sorpresa a los responsables de los comités en la Bahía. El presidente del comité de San Fernando, José Antonio Oliva, ironizó asegurando que este "mazazo nos llega el Viernes de Dolores". Más serio, calificó de "ineptos" e "incompetentes" a los responsables de Navantia y de la Sepi, y añadió que "si tenemos que hablar de costes salariales, vamos a hacerlo de los dirigentes de la Sepi y de Navantia; nuestro coste laboral es un 32% y siguen negando la mayor, que es los contratos porque son la salvación de esta Bahía. Son dirigentes políticos y están empeñados en dejar su herencia en esta empresa, cuando tenían que demostrar respeto por una compañía con más de dos siglos de historia. Nos llevan a la ruina".

En la misma línea, el presidente del comité de Puerto Real, Ramón Linares, aseguró que "todo esto huele a primer paso de un escenario que nos lleve a una reconversión de una empresa que sí es rentable para el Gobierno. Han tirado la toalla para buscar contratos y esto no se arregla tocándonos el bolsillo".