Rafael Román justificó ayer en Cádiz el acuerdo social y económico firmado hace unos días por el Gobierno y los agentes sociales, admitió la dureza de la reforma de las pensiones incluida en él, defendió su necesariedad para afianzar el sistema y 'vendió' los puntos más 'amables' del documento con la cabeza en la provincia a la que representa. El parlamentario socialista por Cádiz lo calificó de un "ejercicio de madurez, porque todas las partes cedieron en favor del empleo y de otro modelo productivo".

Román insistió en que el texto no se queda en el aplazamiento de la edad de jubilación a los 67 años, el incremento de los años de cotización a 38,5 y la ampliación del periodo de cálculo a 25 años, sino que "abre un abanico a partir de los 63 años y los 33 años cotizados, mantiene la prejubilación a los 61 en las empresas que fracasan y recoge una serie de medidas que pretenden impulsar el crecimiento económico y fomentar la creación de puestos de trabajo"

Román destacó que entre las relacionadas con el empleo figuran las dirigidas a los jóvenes y los parados de larga duración. Así, el documento -dijo- apuesta por incentivar la contratación a tiempo parcial subvencionando un 100% de las cuotas de la Seguridad Social a las empresas de hasta 250 trabajadores que hagan contratos de entre el 50% y el 70% de la jornada laboral.

En el mismo bloque citó el "estímulo de la mejora de la capacitación profesional mediante un pago de 400 euros durante seis meses a los desempleados que hayan agotado la prestación y que emprendan cursos a partir de itinerarios personalizados". Y añadió el objetivo de que "en dos o tres años" el 85% de los jóvenes cuente al menos con una titulación de grado medio de FP y el aumento de la oferta formativa on-line de nueve a un centenar de ciclos. También se refirió a un nuevo fondo de capitalización, "que cada trabajador irá nutriendo con sus propias aportaciones y que podrá recuperar en caso de despido, jubilación o de necesidades de formación".

En el campo de la empresa, citó la mejora y aumento de los fondos de garantía recíproca; el incremento de la capacidad financiera del Instituto Español de Comercio Exterior, un nuevo fondo de capital riesgo para empresas a que apuesten por la innovación, ventajas para emprendedores en I+D+i y discriminación positiva hacia los proveedores de la Administración que den servicios tecnológicos.