Provincia de Cádiz

El Pleno insta al Gobierno a la aprobación del Plan de Empleo

  • El paro en la población alcanza ya las 1.646 personas desempleadas, 136 más que hace justamente un año

La alcaldesa de Benalup-Casas Viejas, Amalia Romero, ha presidido un Pleno ordinario de la Corporación Municipal en el que se aprobó una moción del Grupo Socialista, con el voto en contra del PP, en la que se insta al Gobierno central a aprobar un plan de empleo especial para Andalucía.

La propuesta fue defendida por el portavoz del equipo de gobierno, Francisco González Cabaña, quien señaló que "en el último año, que coincide con la llegada del PP al Gobierno central, el paro ha seguido creciendo tanto en España como en Andalucía y Benalup-Casas Viejas".

De hecho, y según los datos de paro conocidos esta semana, el pasado mes de noviembre se ha saldado con 1.646 personas desempleadas en Benalup-Casas Viejas, 136 más que hace justamente un año.

El texto de la moción aprobada con la mayoría del Grupo Socialista instaba al Gobierno de España "a la aprobación y dotación para Andalucía, al igual que lo ha hecho con Extremadura y Canarias, de un Plan Especial de Empleo, y que ese Plan cuente con dotación suficiente que facilite y que contribuya, durante el año 2013, a afrontar y responder a la excepcional situación actual de desempleo que vive nuestra comunidad".

Esa aportación financiera, según recogía la moción socialista, "tendrá como destino el reforzamiento de las Políticas Activas de Empleo en Andalucía, y en particular el impulso de las acciones desarrolladas por las unidades de orientación, los promotores de empleo y, en el ámbito del desarrollo local, aquellas llevadas a cabo por los Agentes Locales de Promoción de Empleo (Alpes)". González Cabaña lamentó en su intervención que, "debido a los recortes del Gobierno, Benalup no cuenta en la actualidad con un agente de promoción de empleo".

El Pleno aprobó también una propuesta del PSOE, con el voto en contra del PP, en la que se instaba al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para excluir a las personas físicas como sujetos obligados al pago de las nuevas tasas judiciales y a garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso a la Justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial.

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