La Federación de Servicios Movilidad y Consumo de UGT Cádiz ha pedido a la Diputación que reincorpore a los trabajadores de ACL que desempeñaban su función en el Servicio Provincial de Recaudación. El Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz declaró a principios de marzo nulo el despido de cuatro trabajadores que fueron despedidos poco después de que la Inspección de Trabajo considerara que había cesión ilegal.

La representación de la plantilla lamenta que la Diputación haya recurrido la sentencia, "cuando ladiputada de Función Pública, Encarna Niño, se comprometió públicamente en admitir a los trabajadores si lo determinaba un juez". Además le han recordado a la presidenta, Irene García, que tiene "una oportunidad única en empezar a generar empleo, no teniendo que dar lugar a que los trabajadores y trabajadoras cedidos fraudulentamente a la Diputación, tengan que pedir la ejecución de la sentencia en la que se obliga  incorporarlos inmediatamente a sus puestos de trabajo".

"Entendiendo, responsabilizándonos y anteponiendo la situación actual donde debe primar el interés común, salvar vidas y la solidaridad ante la crisis sanitaria y económica que estamos sufriendo para combatir al COVID-19, esta plantilla de trabajadores y trabajadoras quiere reiterarle a Irene García Macias lareadmisión de los cuatro trabajadores de los cuales, el Juzgado de lo Social nº 3, ha sentenciado la incorporación a sus puestos de trabajo de manera inmediata", ha solicitado a la presidenta de la Diputación en una nota. "No entendemos la actitud del Gobierno de la Diputación Provincial ante la situación precaria de estos tabajadores", apuntan, "cuando el PSOE en el Gobierno plantea medidas contra el fraude laboral sigue  como el “Plan Director por un empleo digno”, añaden.

El juzgado tiene pendientes dos vistas más con nueve trabajadores de esta plantilla en la misma situación, que estaban previstos para el mes de abril. El juez Francisco de Borja Derqui-Togores determinó en su dictamen -que ha recurrido la institución provincial- que los cuatro empleados habían de ser readmitidos en sus mismos puestos y condiciones de trabajo, al considerar que los despidos son nulos y que se produjeron como represalia a sus denuncias  y que no hay causa objetiva pese a extinguir el acuerdo entre la administración y la empresa. Además, considera que se ha producido una cesión ilegal de trabajadores entre la empresa Asesores Locales Consultoría y la Diputación Provincial. 

Los empleados, algunos de ellos con más de diez años de antigüedad cuando se produce la demanda, ejercían su función junto a los propios funcionarios del Servicio Provincial de Recaudación y, tal y como aparecía en el informe de la Inspección Provincial de Trabajo por el que se sancionó a la Diputación con 292.000 euros.