La alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado (PA), ha expresado "tranquilidad" tras su imputación y la de la edil de Medio Ambiente, María Beatriz Parrado, por supuestas irregularidades en la gestión de aceites usados de origen vegetal en el municipio. Entiende que detrás se esconde un "interés político" y también una "guerra de empresas" que pretende utilizarlas como "cabeza de turco".

Así lo ha indicado en rueda de prensa la regidora puertorrealeña, que está citada a declarar como imputada el día 8 ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Puerto Real, tras admitir una querella presentada por la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles (Ceregras) sobre la firma de un convenio de exclusividad con una empresa para la gestión de los aceites usados, lo que denuncian que habría hecho sin convocar concurso público.

En este sentido, Peinado deja claro que no están "ni juzgadas, ni condenadas", sino que lo que hay actualmente es "unas diligencias previas, no una actuación de oficio", porque se ha dado curso judicial "a la actuación de un privado" para aclarar lo que corresponda.

Incide en que, tras analizar la documentación los servicios jurídicos municipales, está "muy tranquila" y "convencida de que se aclarará el asunto" en sede judicial. Asimismo, critica "las voces políticas" que, tras conocerse la noticia, se han "sumado al carro de un interés privado".

Lamenta que diferentes partidos hayan "aprovechado" la situación para "atacar" al gobierno municipal, máxime partidos como IU y PSOE que han gobernado durante años en la localidad y que "venían haciendo lo mismo", como reflejan los "distintos convenios" firmados por esos partidos en materia de gestión de residuos medioambientales.

DENUNCIA "INEXPLICABLE"

Dice Peinado que no puede "explicarse" cómo se interpone una acción judicial contra ella y la edil por parte de Ceregras, cuando algunas de sus 22 empresas asociadas "hacen lo mismo en otros ayuntamientos y administraciones públicas" desde hace "muchos años".

Por ello, reta a Ceregras a "demostrar" si esos convenios que ellos firman con otros ayuntamientos difieren del que ha firmado el Ayuntamiento de Puerto Real con otra empresa.

A su juicio, esta no es una cuestión "exclusivamente de un asunto administrativo", sino que hay "algo detrás, algún tipo de intención perversa para causar un efecto político" contra su gobierno, además de una "guerra de empresas" en la que están "saliendo voces que confunden al ciudadano" en relación a la gestión de los residuos de aceites vegetales usados.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Asegura Peinado que el Ayuntamiento se ha limitado a cumplir "única y exclusivamente lo que marca la ley", concretamente el Decreto 73/2012 de 20 de marzo, que regula este tipo de residuos en Andalucía. Detalla que dicho decreto traslada a los ayuntamientos la competencia de poner en marcha un servicio para garantizar que los aceites vegetales usados van a ser transformados y tratados de la manera en la que está legislado.

"Estamos haciendo sólo lo que la Junta marca en ese decreto", insiste. Por ello, entiende que la denuncia responde al interés de unas empresas que "no están de acuerdo con la legislación vigente" y pretenden que los aceites usados sean considerados "un subproducto y no un residuo".

Insiste en que es "cabeza de turco" de esa guerra, ya que lo que está haciendo el Ayuntamiento es "velar por la seguridad de los ciudadanos garantizando que ese aceite llegue a donde tiene que llegar y para que su tratamiento sea adecuado cumpliendo con todas las normas reglamentarias y sanitarias", concluye.