El parlamentario andaluz del PP por Cádiz, Antonio Sanz, aseguró ayer en rueda de prensa que hay compañías de seguros y entidades bancarias que aún no han cobrado de la Junta los pagos correspondientes a las pólizas de las indemnizaciones pactadas en expedientes de regulación de empleo (EREs) por los despidos colectivos ejecutados en varias empresas de la provincia. Y afirmó que, como consecuencia de lo anterior, le consta que hay trabajadores que no están percibiendo sus prejubilaciones, si bien no precisó su número ni el nombre de las firmas para las que trabajaban, pese a la insistencia de este periódico hasta el cierre de esta edición. Además, criticó que la Junta de Andalucía "siga firmando EREs con los mismos intermediarios que actuaron en los que se han detectado intrusos y están siendo investigados a raíz del caso Mercasevilla", aunque tampoco concretó a cuales se refería.

El parlamentario autonómico popular fue más allá del caso de los intrusos en los EREs y se hizo eco de una información publicada por un periódico nacional en la que se afirma que en la provincia de Cádiz hubo empresas que cobraron de la Junta subvenciones procedentes de fondos europeos por contratar a trabajadores que despedían sólo días después de haber percibido las ayudas. El Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, confirmó ayer que, efectivamente, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha ordenado a la Guardia Civil la investigación de esos incentivos y de esas contrataciones, según informan las agencias. Sanz tampoco pudo precisar su cuantía, ni las empresas implicadas, ni los trabajadores afectados, aunque sí dijo que podrían haberse beneficiado "centenares de empresas". "Se trata de otro hito histórico gravísimo del fraude masivo cometido por la Junta en sus políticas de empleo. Y demuestra que la Consejería de Empleo era la cueva de Alí Babá", añadió en referencia al departamento del Ejecutivo andaluz que encabezaron sucesivamente José Antonio Viera y Antonio Fernández. Según explicó Sanz, esta línea de investigación surgió tirando del hilo del reciente caso del sindicato de funcionarios que vendía títulos de formación tras ofertar cursos que no impartía desde su sede en la calle Brasil de la capital gaditana.

Antonio Sanz anunció que el Partido Popular solicitará al Parlamento Andaluz la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, aclare "la nefasta gestión de la Junta de Andalucía en materia de Empleo y en la administración y fiscalización de los fondos públicos destinados a las políticas de empleo. El escándalo ya toca a los EREs para empresas en crisis, la formación, las ayudas a empresas afines al PSOE y las destinadas a la contratación".