El ex alcalde de Arcos, José Luis Núñez (PP), y cuatro concejales populares más de su anterior gobierno municipal cargaron al Ayuntamiento serrano los gastos de su defensa jurídica por el caso del presunto 'enchufismo' que se investiga, en estos momentos, en los juzgados de esta localidad. Fueron 12.800 euros el dinero que las arcas municipales abonaron el 11 junio de 2015 a un bufete de abogados para que realizara la defensa de los ediles populares, en concreto dos días antes de que Núñez y su equipo salieran del gobierno, junto a sus socios de AIPro, tras la investidura del actual regidor, Isidoro Gambín (PSOE), que se celebró el 13 de junio como resultado de las elecciones municipales de mayo.

La orden de pago para la defensa ante los juzgados era exclusivamente para parte del equipo municipal del PP y no de AIPro, formación que supuestamente también está implicada en esta causa, y se saltó por alto la negativa de la Intervención del Ayuntamiento. Los ediles del PP contrataron los servicios jurídicos para responder como investigados, ante las presuntas irregularidades en la contratación de unos 25 familiares y personas afines en el Ayuntamiento. 13 de los 14 concejales de aquel mandato han pasado ya por el juez.

En un escrito fechado precisamente dos días antes de esta liquidación, el interventor municipal realizó un reparo a la orden de pago del gobierno de Núñez por su "improcedencia", argumentando que "por tratarse de una querella por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias, hay que considerar que la responsabilidad penal es de carácter personalísimo e intransmisible, predicable respecto a personas físicas, por lo que considero que el Ayuntamiento de Arcos no debe asumir los gastos de la defensa jurídica". Además, la Intervención recordaba la situación paupérrima del Ayuntamiento y que había que dar "prioridad" al abono de las nóminas de los trabajadores municipales, que no habían cobrado aún la paga de mayo.

Así que el interventor realizó el reparo al pago de la defensa del alcalde, José Luis Núñez, y los ediles populares Sebastián Ruiz (senador en aquel momento), Carlos de la Barrera, Juana María Morales y Domingo González.

Pero no queda ahí la cosa. En el documento se da un tirón de orejas ya que explica que no procede cargar la defensa del PP a las arcas municipales cuando en el pleito por el presunto 'enchufismo' están "implicados" otros grupos, como el de AIPro. De hecho, el socio del gobierno del PP, Manuel Erdozain, y otros ediles de la formación encargaron su defensa a otros despachos distintos.

No importó este matiz ni el aviso del interventor, que recordó al gobierno saliente que, en esos momentos, se encontraba en funciones y por lo tanto "sólo podía realizar gestiones administrativas" atendiendo a la ley. Pese a ello, los populares abonaron el importe, a través, supuestamente, de una cuenta bancaria de la Delegación Municipal de Deportes. Tampoco importó que se recordara en el escrito la "grave situación" por la que pasaban las arcas municipales por "requerimientos judiciales firmes por impago de deudas, impagos a la Seguridad Social, a Hacienda, a los préstamos ICO...".

Eso sí, en sus conclusiones la Intervención explicaba que el Ayuntamiento podría realizar un reembolso por la defensa jurídica "una vez haya quedado probado la no culpabilidad" de los investigados.