Movilización para conseguir que las exhumaciones tengan validez

SOS Bebés Robados Cádiz sigue inmerso en una carrera contra el reloj para conseguir que por fin se lleven a cabo las exhumaciones a las que se ha comprometido el Ayuntamiento de Cádiz en el antiguo cementerio San José. Dado que responsables de la empresa que gestiona el camposanto, Cemabasa, les han comunicado que en cualquier momento puede llegar la luz verde, que cualquier día el Ayuntamiento puede decir ya que sí, que adelante, y que sólo sería preciso cumplimentar un trámite de 15 días de exposición pública del anuncio pertinente, tras asesorarse, les han comunicado que les faltaba por amarrar un punto importante: lograr que los desenterramientos tengan después validez ante la Justicia.

Y es que, en los casos que ha sido interpuesta una denuncia, que son la mayoría de las 31 solicitudes de exhumación incluidas en el listado facilitado al Ayuntamiento, es preciso contar con autorización judicial.

De ahí que hayan comenzado a enviar a Fiscalía solicitudes, reclamando esa autorización, al tiempo que se han personado en los Juzgados de Instrucción e la capital. La propia presidenta de SOS Bebés Robados Cádiz, la isleña Chary Herrera, acompañada por otros afectados, acudió anteayer a los Juzgados, no pudiendo al final más que hablar con la magistrada del Juzgado 4, por encontrarse el resto de guardia.

Quieren hacer lo propio con los restantes jueces, con el fin de conseguir que los desenterramientos previstos en San José cuenten con el beneplácito judicial necesario a priori.

Los afectados, así las cosas, siguen aferrándose a la única vía que en Cádiz se les ha abierto, la de intentar determinar si efectivamente los bebés fueron enterrados o no, habida cuenta que en los tribunales los casos siguen archivándose por prescripción por ser en su mayor parte anteriores a 1.979, la fecha tope que ha sido fijada por los magistrados de la Audiencia.

La información que a media tarde de ayer les había llegado sobre el encuentro mantenido por afectados en Madrid con tres ministros no les hacía albergar demasiadas esperanzas de que la investigación vaya a ser impulsada.

A título personal, Chary Herrera valoró que "nuestro objetivo principal era conseguir que se comprometieran a realizar una modificación legislativa para que los delitos de detención ilegal de menores no prescriban, y sean considerados permanentes, hasta localizar al bebé robado, y no lo hemos logrado".

Sobre el compromiso gubernamental del Ejecutivo de Rajoy de crear un banco de ADN gratuito, un censo de afectados y nombrar un fiscal para coordinar los casos, para Herrera, son casi más de lo mismo.

"Es lo mismo que nos dijeron desde el anterior Gobierno del PSOE y nada se hizo", recordó con amargura a este diario.