La lucha contra el narcotráfico se realiza de una manera desigual en la provincia de Cádiz tanto por la falta de medios materiales como humanos. El sindicato policial Jupol ha cifrado en 400 el número de nuevos agentes de la Policía Nacional que serían necesarios en esta zona para poder atender todas las necesidades y ser mucho más efectivos.

Esta es una de las reclamaciones más contundentes que se han producido este martes en la rueda de prensa que han protagonizado el secretario general del sindicato policial Jupol, Aarón Rivero; y el coordinador nacional del Servicio de Vigilancia Aduanera de CSIF, Francisco García, que han visitado los diferentes servicios de ambos cuerpos en la provincia gaditana para conocer su situación tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate a manos de narcotraficantes tras pasarles por encima con sus narcolanchas. 

Ambos han presentado una batería de medidas que afectan tanto a la Policía Nacional como a la Vigilancia Aduanera para dotarlas de mejores medios para la lucha contra el narcotráfico, haciendo especial incidencia en la necesidad de catalogar a toda la provincia de Cádiz como Zona de Especial Conflictividad para flexibilizar la llegada de recursos. Esta, tal y como han explicado, se podría extender a las provincias limítrofes al estar las mafias en continuo movimiento en función de la presión policial. Junto a ello, el sindicato policial ha vuelto a pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por "no estar haciendo todo lo que debe de hacer". 

En primer lugar, el secretario general del sindicato policial Jupol, Aarón Rivero, ha abierto su exposición señalando en relación al trágico suceso de Barbate que "hay que tratar de evitar que esta desgracia vuelva a suceder". Por ello, ha asegurado que el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar "no ha cumplido con las expectativas" debido a "los múltiples ataques sufridos" tanto por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como por el servicio de Vigilancia Aduanera. 

Ante esto, ha reclamado la catalogación de la provincia de Cádiz como Zona de Especial Conflictividad, de manera que se produzca "una flexibilización para dotar de medios materiales y humanos a cada unidad". Sobre este aspecto, una de las cuestiones en las que se ha detenido ha sido en la necesidad de conseguir que los funcionarios policiales "quieran quedarse aquí", ya que se encuentran con la dificultad de que son "plantillas de paso" por los múltiples problemas a los que se tienen que enfrentar, por lo que no consiguen un arraigo, algo que va "en detrimento de la operativa policial y de la especialidad de la lucha contra el narcotráfico". 

Este aspecto también fue apoyado por CSIF. Al igual que sucede con el cuerpo policial, Francisco García ha reseñado los problemas que sufren los funcionarios de Vigilancia Aduanera por la "presión" que supone la lucha contra el narcotráfico, lo que hace que Cádiz no sea un destino apetecible. Además, también ha recalcado la necesidad de que esta Zona de Especial Singularidad para la provincia de Cádiz lleve aparejada un plan "centrado en todas las aristas" sociales y educativas para afrontar el problema que supone el narcotráfico. 

Otra de las medidas que Jupol y CSIF han defendido es la declaración de profesión de riesgo para los colectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Vigilancia Aduanera, una cuestión que, según Rivero, es "urgente" para trabajar "en las mismas condiciones que el resto de colectivos". 

En cuanto a los medios materiales, Jupol ha pedido una dotación que esté acorde "con la situación de la provincia de Cádiz". "No es posible que nos enfrentemos al narcotráfico con medios desactualizados y desfasados", ha manifestado Aarón Rivero, ya que deben realizar su labor "en aparente inferioridad" por la falta de potencia de los vehículos o por no disponer de "chalecos antibalas para hacer frente a armas largas con calibre de guerra". 

CSIF también ha reclamado la mejora de los medios materiales, haciendo especial hincapié en la ausencia de patrulleras en la base de Cádiz, cuando desde el año 2000 contaban con dos embarcaciones: una patrullera y una interceptora. De hecho, Francisco García ha aseverado que actualmente trabajan con una embarcación semirrígida muy parecida a la utilizada por la Guardia Civil en Barbate, la cual "los compañeros han solicitado que quiten porque pone en riesgo sus vidas". Por ello, y ante el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la próxima llegada de una patrullera, ha afirmado que con ella "lo único que se hace es dotar de la mitad de los medios que deberíamos tener". 

Otras cuestiones que también ha abordado Aarón Rivero, por parte de Jupol, han sido la creación de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en la Costa Noroeste, y la necesidad de realizar cambios en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil para "recuperar el principio de autoridad que hemos perdido" con el endurecimiento de las penas por narcotráfico y el incremento de los tipos delictivos. De hecho, Rivero ha calificado como "una aberración" las amenazas que recibieron recientemente varios agentes de la Guardia Civil por parte de un grupo de narcotraficantes en la Audiencia Provincial. Por ello, ha reclamado "el endurecimiento de las penas por amenazas a los cuerpos de seguridad". 

Por su parte, CSIF ha incidido en la creación de una Policía Fiscal dentro de la Agencia Tributaria para que se encargue de estos asuntos.