La Junta reconoce una deuda de 60 millones de euros con la UCA

Los rectores de las diez universidades públicas andaluzas se reunieron ayer con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, para abordar diversos temas, como la situación financiera, la formación, la investigación e innovación, el personal de las instituciones académicas y la matriculación del alumnado. Con respecto a la financiación de las universidades, en la reunión se destacó que la participación de las mismas en el Mecanismo de Pago a Proveedores y las transferencias recibidas al final del pasado ejercicio 2013, por un importe de 135 millones de euros, han permitido "relajar" la situación de deuda a proveedores, lo que fue valorado de forma positiva por los rectores. En este momento, la Junta reconoce una deuda con las universidades públicas que asciende a casi 670 millones de euros. Y, en concreto, de 60 millones con la Universidad de Cádiz, lo que supone un 9% del total, según transmitió a este periódico el máximo responsable de la UCA, Eduardo González Mazo.

En este punto, los rectores pidieron a la presidenta del gobierno andaluz que se articule un plan de tesorería estable para garantizar el servicio público formativo y de investigación, y un plan para corregir de manera equilibrada la deuda pendiente. "No podemos continuar como en 2012 y 2013, recibiendo cada mes la cantidad correspondiente a la financiación operativa para pagar sólo las nóminas y los gastos corrientes. Las universidades debemos desarrollar numerosas actividades y programas que en estos momentos no se están desempeñando. No podemos continuar así y se lo hemos transmitido a la presidenta. Una planificación de tesorería nos permitiría planificar todo el ejercicio académico y desarrollar un conjunto de actividades durante 2014", señaló el rector de la UCA.

En materia de plantillas de profesorado, se ha pedido un compromiso concreto por parte de la Administración autonómica ante el Gobierno de España para permitir, cumpliendo el marco presupuestario que corresponda, oportunidades de promoción. "Los rectores hemos recordado que disponemos de un 10% de tasa de reposición para el profesorado docente e investigador (PDI) y un 0% para el personal de administración y servicios (PAS). Es por ello que le hemos pedido a Susana Díaz el desarrollo de algún tipo de acción, de cara a Madrid, para desbloquear esta situación y poder así incrementar las plantillas y permitir promocionar a nuestros empleados". Y en el mismo orden de relevancia, se trasladó la necesidad de permitir el acceso a la carrera académica de jóvenes investigadores mediante la convocatoria de plazas con perspectivas estables.

También comunicaron su "preocupación" por "el efecto negativo" de la desaparición de la prueba de acceso a la universidad (PAU) en aplicación de la LOMCE. Al respecto, los rectores pidieron a la Junta de Andalucía que potencie el Distrito Único de Acceso para garantizar los principios de igualdad de oportunidades y mérito en Andalucía, mediante criterios homogéneos y transparentes.

Y en lo relativo a la investigación, se solicitó la participación de las universidades en la definición de estrategias básicas del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 2014-2020 y de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente (RIS3), como actores fundamentales del sistema de generación de conocimiento. Se trasladó a Díaz la necesidad de realizar apuestas concretas y de mejorar la conexión con las empresas para fomentar su carácter innovador e impulsar el nuevo modelo productivo.

Según un comunicado emitido por las diez universidades, en todas estas cuestiones la presidenta se mostró "sensible" a "impulsar su consideración y análisis".

En el encuentro, Díaz hizo referencia al esfuerzo realizado por su Gobierno para la normalización de la situación de tesorería, renovando su compromiso con el establecimiento de una hoja de ruta que garantizase la sostenibilidad del sistema universitario andaluz. Asimismo, trasladó a los rectores su intención de invitar a las universidades andaluzas a participar en la reformulación de la concertación en varias áreas. De forma especial, colaborando en la definición de una nueva economía andaluza innovadora y competitiva, en el impulso de la capacidad innovadora de las empresas mediante la incorporación a las mismas de doctores e investigadores en formación y en la nueva estrategia formativa de la Junta, materializada en una nueva Ley Andaluza de Formación.

Además, informó de que había dado instrucciones al consejero de Economía para ampliar el número de plazos en los que los universitarios pueden pagar sus matrículas, que en la actualidad es de dos, con carácter general, y de tres plazos para aquellos alumnos a los que se les deniega la beca del MECD, siempre que cumplan los requisitos económicos para la misma.

Los rectores manifestaron su disponibilidad de colaboración para las cuestiones planteadas y su satisfacción por la iniciativa de flexibilizar el pago de las matrículas.