A la Junta le cuesta tres veces menos un hospital concertado que uno público
El convenio para el uso de los seis hospitales de Pascual le costó 104 millones en 2013
La Junta de Andalucía, hasta el pasado 31 de enero, tenía depositada la salud de medio millón de andaluces en manos de los profesionales que conforman la nómina de sanitarios de la empresa de José Manuel Pascual.
El empresario gaditano cuenta en la actualidad con seis hospitales distribuidos entre Cádiz (San Rafael), El Puerto (Santa María del Puerto), Villamartín (Virgen de la Montaña), Sanlúcar (Virgen del Camino), Huelva (Blanca Paloma) y Málaga (Doctor Pascual).
La Administración andaluza pagó a José Manuel Pascual 104.297.442 euros por el concierto hospitalario del año pasado, de los que 69.609.139 euros conformaron el presupuesto de sus centros de Villamartín, El Puerto y Sanlúcar, los tres más costoso por incluir un acceso para Urgencias hospitalarias cubiertas por la sanidad pública.
Con esos casi 70 millones de euros, la Junta, gracias a su concierto con Pascual, le cubre las espaldas sanitarias a una población que ronda las 300.000 personas. Con ese dinero cubre toda la Sierra de Cádiz, la Costa Noroeste (Sanlúcar, Rota, Chipiona y Trebujena) y El Puerto.
Con una cantidad similar, es decir unos 70 millones de euros, la Junta, haciendo uso de su red de hospitales públicos, tan sólo es capaz de salvaguardar la salud de poco más de 100.000 personas, según datos publicados por la Consejería de Salud referidos a 2010.
Un ejemplo, el hospital público de Antequera, que atiende a 115.150 malagueños, le costó a la Junta de Andalucía en 2010, uno de los últimos años en los que la Administración andaluza hizo pública una memoria con estos datos, 101.650.478 euros. De estos poco más de cien millones, en torno a 30 millones representan el coste de los cuatro centros de salud anexos al hospital de Antequera. Así, cabe calcular que la consejería de Salud dedicó unos 70 millones sólo para ese hospital antequerano.
De esta manera se deduce que la Junta gasta en uno de sus hospitales lo mismo que en tres de los concertados con Pascual, que dan cobertura al triple de población con el triple de servicios.
¿Y por qué el hospital de Antequera? Coincide que el centro sanitario de la localidad malagueña presta a su población servicios muy similares que cualquiera de los tres hospitales de Pascual usados como punto de referencia, es decir Villamartín, Sanlúcar o El Puerto.
Así, el de Antequera ofrece servicios diagnósticos, servicios médicos y de cuidados ambulatorios y de hospitalización, servicios médico-quirúrgico y de Cuidados Ambulatorios y de Hospitalización así como pruebas funcionales y exploraciones especiales del estilo de cardiologías no invasivas, pruebas urológicas, respiratorias, obstétricas, otorrinolaringológicas, laparoscópicas, entre otras muchas, o, como Villamartín, El Puerto o Sanlúcar, una puerta dedicada sólo a Urgencias.
De esta manera, cabría preguntarse por cuánto le costaría a la Junta dar cobertura sanitaria a ese medio millón de personas que ahora cubre José Manuel Pascual y su plantel de sanitarios. Las cuentas son fáciles atendiendo a los datos publicados por la Junta en su memoria y a los facilitados por la Dirección de Pascual referidos a sus seis hospitales, las mismas fuentes que indican que eso le podría costar a la Junta más de 300 millones de euros, el triple de lo que le pagó en 2013 a Pascual.
De ahí que la Junta actúe con pies de plomo a la hora de tomar una decisión acerca del convenio que ahora se encuentra en un tenso punto muerto y con un futuro inquietante para sus más de dos mil empleados.
Mientras tanto, sobre el tablero de juego, dos posturas muy enfrentadas, la de un empresario que confiesa que se habría visto confortado con un nuevo concierto por otros cuatro años, aunque éste hubiese tenido que asumir una rebaja incluso de un 5% de sus cuantías. Pero la Junta de Andalucía parece haberse enrocado, y no se lo pone fácil a Pascual. Tanto es así que optó por una prórroga de dos meses que la Dirección del Grupo Pascual consideró "ilegal" y que, en días, se tornó en una prórroga unilateral por decreto por doce meses, tampoco aceptada por Pascual por haberse impuesto en un período considerado ya por el empresario gaditano fuera de todo concierto.
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