Intervención del Estado declara "legal" el pago clave del 'caso Gürtel'

La prescripción de la denominada 'rama jerezana' de la trama 'Gürtel' sigue siendo la principal arma de la defensa de la ex alcaldesa María José García-Pelayo. El letrado Juan Pedro Cosano reconoció ayer "salir muy, pero que muy satisfecho" de la sesión de declaraciones que ayer acogió una de las salas del Tribunal Supremo en Madrid. A la misma acudieron a declarar tanto el ex teniente de alcalde Bernardo Villar como los empleados municipales María Antonia Prado y José Antonio Repetto, ambos miembros del gabinete de Alcaldía en los años en que la ex regidora del PP gobernaba en Jerez.

Las sesiones se prolongaron desde las diez y media de la mañana hasta pasadas las tres de la tarde. Según destacó Juan Pedro Cosano, el hecho más significativo fue que uno de los testigos, un representantes de la Intervención General del Estado, calificó como "legal" el pago que se realizó a las empresas de la 'trama Gürtel' que organizaron la presencia de Jerez en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en su edición de 2004.

Según el letrado, al confirmarse dicho pago como legal la prescripción se considera absoluta ya que habrían transcurrido más de diez años desde la comisión de los presuntos actos delictivos. Este caso, en el que el tiempo juega un papel primordial, es especialmente complejo. Los pagos se realizaron en diciembre de 2004. Hasta un mes antes los delitos imputados prescribían a los diez años, ya que en noviembre la ley varía y se eleva el plazo de prescripción a los 15 años. Ahí justamente radica la importancia de la fecha en que se pagó a las empresas de la trama Gürtel. Si el pago, según la Intervención General del Estado, fue legal, el caso queda prescrito al haber pasado más de una década. Si no fuera así se podría seguir adelante para solicitar responsabilidades.

Pese a todo, el caso, aunque quede prescrito, supondrá un serio revés político a la gestión que llevó a cabo María José García-Pelayo en sus años de gobierno con la ayuda de los andalucistas que lideraba el ex alcalde Pedro Pacheco.

Bernardo Villar, siempre según las referidas fuentes, reconoció que fue él quien firmó los contratos, algo que se opone frontalmente a lo sostenido por el juez instructor que situaba en dicha posición a la ex alcaldesa García-Pelayo. También refirió que la por entonces regidora de la ciudad no intervino en la elección de las empresas y que el expediente en cuestión le llegó desde el extinto Instituto de Promoción de la Ciudad.

Por su parte, los dos altos técnicos que ayer declararon vinieron a señalar que el expediente contó con todos los beneplácitos, tales como los del secretario municipal y los del correspondiente gabinete técnico.

Una de las grandes 'peleas' de la jornada se originó en torno a los 'metadatos' de los documentos. Es decir, la huella digital que deja cualquier documento en un ordenador y que revela el momento exacto en que fueron realizados. Las defensas sostuvieron en todo momento que esos 'metadatos' pueden ser manipulados ante la oposición clara de los funcionarios policiales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que sostuvieron justamente lo contrario.

Según informó EuropaPress, el nombre de García-Pelayo aparece en calidad de alcaldesa y presidenta de este Instituto de Promoción y Desarrollo en los contratos que dieron cobertura a los servicios llevados a cabo con las empresas de Correa. La UDEF precisa que consta su "antefirma y firma" en los documentos, pero sin embargo su rúbrica es la de otra persona autorizada.

La persona que daba asistencia a García-Pelayo era Manuel Báez, en su calidad de secretario del Instituto de Jerez, y quien reflejó su "antefirma, firma y rúbrica". El ex edil Bernardo Villar también rubricó dichos contratos.

Al término de las declaraciones de los testigos, Bernardo Villar, también ex vicepresidente de la Diputación de Cádiz, eludió hacer declaraciones a las puertas del Supremo, aludiendo a que lleva meses fuera de la política debido a su enfermedad.