Los destrozos en el puente Carranza tras la protesta del martes por la plantilla de Navantia Puerto Real no pudieron terminar de repararse ayer porque, de nuevo, los trabajadores del astillero volvieron a movilizarse.

Sin embargo, el Gobierno fue ayer contundente y entró a valorar la acción de estos empleados sin tapujos. Y lo hizo a través de la delegada del Gobierno central en Andalucía, Carmen Crespo: "Es lamentable", dijo la responsable del Ejecutivo del PP, para añadir que lo ocurrido el martes en el puente y sus alrededores tiene un coste, "de más de cien mil euros".

En una rueda de prensa celebrada en Jaén, Crespo manifestó que fue "una jornada, muy dura, muy complicada, en la que se cortó el puente como en muchas otras ocasiones y se quemaron postes, ocasionando costes muy numerosos". Según dijo, "son gastos que se hacen pagar a la ciudadanía y por ello procuramos que quien quiera manifestarse se manifieste de forma correcta". 

Además, la delegada del Gobierno indicó que "también pararon durante muchísimo tiempo el puente, siendo el paso del tráfico prácticamente inviable porque al quemar el poste se tenía el miedo de que pudiera caer, con el peligro que ello supone para los viandantes", por lo que se tuvo que retirar el mencionado poste.  

Así, comentó que espera "que se sigan haciendo protestas porque existe el derecho a la huelga, está claro, pero con unos cauces y unas formas por el bien de todos, por cuestiones de seguridad y de mantenimiento del orden público". Finalmente, Crespo quiso mostrar su satisfacción con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los que ha dicho que "nos sentimos muy orgullosos en Andalucía, puesto que están trabajando de forma preventiva". 

Según informaron en la tarde de ayer desde Tráfico, los daños recibidos en el sistema de interconexión de datos durante el martes más los producidos ayer harán que el carril reversible esté fuera de servicio al menos cuatro o cinco días. Explicaron que, en la protesta de ayer, volvieron a quedar inutilizados sistemas que habían conseguido reparar durante el día. También indicaron que, aunque se desconoce cuándo, se repondrá el pórtico de señalización que fue retirado el martes.

Antes de producirse estas declaraciones, el presidente del comité de empresa de Navantia Puerto Real, Ramón Linares, pedía perdón a la ciudadanía: "Pido disculpas a todos los ciudadanos y ciudadanas por las molestias y el malestar que ocasionan las protestas en el puente, pero pido a todos ellos que sean conscientes de lo que nos estamos jugando".

Más allá de los daños ocasionados, el mensaje de ayer de Linares en la acción de protesta de la plantilla (que duró alrededor de una hora, de 11:15 a 12:15 horas de la mañana) volvió a insistir en las críticas hacia la dirección de Navantia.  Reclamó la participación de ese astillero en la construcción de plataformas eólicas marinas y calificó de "extrema gravedad" la intención de la empresa de dejar fuera de este mercado a los centros navales gaditanos. "De alguna manera, tenemos la esperanza de que los responsables del PP hayan sido capaces de transmitir al Gobierno tanto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro como a la empresa, la frustración que se vive en la Bahía de Cádiz y en concreto, en el astillero de Puerto Real, por esta decisión de Navantia de ningunearnos en la posibilidad de construir plataformas eólicas. Por ello, entendemos que el encuentro debe ser positivo si no queremos ir a otro escenario", apuntó.

Ese es el mensaje que pretenden trasladar, según Linares, los comités de los tres astilleros gaditanos al presidente de Navantia, José Manuel Revuelta, y del nuevo consejero delegado, Jaime de Rábago, el próximo viernes a Cádiz. "Sin olvidar la reivindicación del desbloqueo de los BAM y del mercado civil, porque hay oportunidades en este momento desde que parece que el Gobierno ha presentado en la UE un nuevo sistema financiero para los armadores", argumentó. Del mercado eólico marino, Linares dijo que es "el último tren industrial que está pasando por Europa, y esta Bahía y este país no se puede permitir perder esa oportunidad máxime con el 36% de paro que hay en la provincia",  aseguró, tras añadir que este mercado puede generar unos 2.000 empleos estables en los astilleros de la Bahía.

Pero las críticas a las protestas de los astilleros llegaron ayer también desde otros estamentos del Partido Popular. Su secretario general andaluz, Antonio Sanz, aseguró que su partido está "en la lucha por el futuro de los astilleros desde el primer día", por lo que trasladó a los trabajadores de Navantia que "no necesitamos que nos presionen".  

En una rueda de prensa celebrada en Cádiz, Sanz aseveró que el PP está "dejándose la piel y trabajando codo con codo con el Gobierno central en buscar y encontrar soluciones", que espera que "muy pronto vean la luz y tengan efecto". Incidió en que los 'populares' están haciendo "todos los esfuerzos por resolver la herencia del PSOE, que ha dejado vacío de carga de trabajo y abandonado al sector naval de la Bahía gaditana", subrayando que los últimos años de gobierno socialista han sido "ocho años de mentiras y falsedades". En esta línea, aludió a los "supuestos acuerdos inexistentes del Consejo de Ministros en relación a la construcción de los Buques de Acción Marítima (BAM) en la provincia". 

Sobre lo ocurrido el pasado martes en el puente Carranza, el responsable del PP andaluz dijo ayer que su partido "lo reprueba" en cuanto que "dañan la imagen, perjudican gravemente a nuestra economía y nada tienen que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores", a los que advirtió de que "se puede perder la razón si se pierde el sentido común". Sanz criticó la estrategia de "mentira, demagogia y falsedad" del PSOE, que "no puede encabezar las manifestaciones" mientras que "vota en contra de un plan de apoyo a la industria naval auxiliar" de la Bahía en el Parlamento andaluz.  

Preguntado por el contrato que Navantia prevé firmar con la firma eólica marina Gestán y que beneficiaría al astillero de Ferrol, dijo el dirigente popular que el Gobierno de la nación está "obligado a trabajar en su conjunto por el futuro de los astilleros". Por tanto, ese contrato no puede ser visto como "un ataque a los astilleros de aquí", sino que responde a la necesidad de que "se apueste por el futuro del sector naval en el conjunto del país".