El Gobierno andaluz no va a renunciar a que la Bahía de Cádiz cuente con un parque tecnológico, empresarial y logístico en Las Aletas (Puerto Real), un proyecto en el que las administraciones, en especial la central, iban a invertir una cifra cercana a los 220 millones de euros y que se ha visto paralizado por una sentencia del Tribunal Supremo. El asunto se trató en el Consejo de Gobierno de ayer, y quedó claro que el Ejecutivo de José Antonio Griñán seguirá apoyando el proyecto en los mismos términos en que fue concebido. Y es que, según explicó el portavoz del Ejecutivo andaluz, Manuel Pérez Yruela, a preguntas de este medio, desde la Junta se entiende que el Tribunal Supremo "ha declarado nulo" el acuerdo de Consejo de Ministros que permitía reservar los suelos para el proyecto, pero no ha realizado "una declaración de nulidad", por lo que es posible volverlo a retomar si se justifica mejor.

Pérez Yruela también confirmó que, mientras tanto, la Junta seguirá desarrollando el parque en las 140 hectáreas que no están afectadas por la sentencia.

El desarrollo del parque de Las Aletas se sustentaba en una decisión del Consejo de Ministros, por la que convertía 287 hectáreas de zona de dominio público marítimo-terrestre en "suelo de reserva", una figura que contempla la Ley de Costas en su artículo 47. El Supremo ha anulado este acuerdo, a raíz de una demanda de Adena, por dos motivos principales: porque no considera que el Consejo de Ministros haya justificado con precisión que no hay otra ubicación posible para esta actividad (el citado parque) y porque entiende que la medida debería ser temporal.

Los dos consejeros naturales de la provincia de Cádiz, Luis Pizarro (Gobernación) y Antonio Fernández (Empleo), intervinieron en el Consejo de Gobierno para explicar la resolución judicial y las posibles salidas que se pueden plantear a la sentencia. El principal objetivo de la Junta en estos momentos es que el Gobierno central siga respaldando el proyecto.

Hay que considerar que la idea de este área económica pudo sustanciarse porque la Junta y el PSOE andaluz encontraron aliados para el proyecto en el Gobierno de Madrid, especialmente en la vicepresidencia de Economía. No ocurrió lo mismo con el extinto Ministerio de Medio Ambiente, que fue la institución más recelosa para convertir esta marisma desecada hace 55 años en un suelo destinado a actividades económicas. No obstante, el parque de Las Aletas contempla la recuperación natural de 240 hectáreas de las 527 que ocupa la zona. Las otras 287 son las que se destinarían a actividades empresariales, a las que habría que añadir las 140 de la Junta.

El consejo rector del Consorcio de Las Aletas se reunirá el próximo viernes, y se espera que su presidenta, la subsecretaria de Estado de Hacienda, Juana Lázaro, confirme la posición del Gobierno central de volver a llevar a Consejo de Ministros la conversión de las 287 hectáreas en suelo de reserva.

Tanto la Junta como el Gobierno opinan que el nuevo acuerdo puede dar satisfacciones a las dudas planteadas por el Tribunal Supremo. Por ejemplo, que la conversión de la clasificación de los suelos tenga, en efecto, caducidad, pero que se prolongue durante, al menos, 100 años. También se especificarán mejor los usos que tendrán el parque y se concretará por qué no hay unos suelos similares en la Bahía para albergar un parque como éste. Es posible que el área logística se concentre en la zona de reserva, ya que las mercancías del cercano puerto del Bajo de la Cabezuela sólo tienen salida por tren hacia la estación de Las Aletas.