El Gobierno de Jerez contrata a un abogado para defender los despidos del plan de ahorro
Ha solicitado los servicios de un letrado externo, lo que puede encarecer los costes
El Ayuntamiento de Jerez ha recurrido a un abogado externo para que se encargue de defender al municipio en las demandas interpuestas por el personal que fue despedido para ahorrar costes de personal.
Siete de los 19 juicios previstos por las demandas que otros tantos ex trabajadores municipales han interpuesto contra el Ayuntamiento por supuestos despidos nulos están desde ayer vistos para sentencia. El Juzgado de lo Social número 2 acogió ayer, en una multitudinaria y maratoniana sesión, las vistas de los siete primeros afectados, todos ex empleados de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y cinco de ellos afiliados a CGT, sindicato mayoritario en el Consistorio. Precisamente una supuesta persecución sindical por parte del actual equipo de gobierno local y la "vulneración del derecho de acción sindical" fueron las principales causas que esgrimió el abogado de la parte demandante, Benito Romero, para reclamar la nulidad de los despidos. Nulidad que, de dictaminarse finalmente, supondría la readmisión automática de los afectados, según recoge la legislación laboral.
El Ayuntamiento, que se ha tomado muy en serio el caso y ha llegado a solicitar, según ha contrastado este Diario con fuentes municipales, los servicios de José Antonio Ristori, un abogado especialista en Derecho laboral ajeno al gabinete jurídico municipal -con lo que eso puede conllevar de encarecimiento de las costas del proceso-, justificó su decisión en el hecho de que los despidos responden al Plan de Ahorro local puesto en marcha desde el año pasado y aseguró que, en ciertos casos, se estaría incluso ante un uso fraudulento de la acción sindical. Por lo que respecta a la contratación del jurista, fuentes municipales, sin especificar las cantidades que ya se han reservado en una provisión de fondos para la minuta de Ristori, lo achacaron a la "escasez de abogados en el gabinete jurídico y, en concreto, a la ausencia de uno especializado en Derecho laboral".
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