El aumento de solicitudes de prestaciones que viene recibiendo últimamente el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa, que garantiza los créditos salariales ante una situación de insolvencia del empleador) ha provocado que la unidad provincial haya derivado los expedientes a los servicios centrales de este organismo dependiente del Ministerio de Empleo. Se trata de un plan de choque que el Fogasa ha puesto en marcha en otras muchas provincias (La Coruña, Alicante, Asturias, Badajoz, Baleares, Barcelona, Gerona, Granada, Huelva, Las Palmas, Lérida, Madrid, Murcia, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Salamanca, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid y Zaragoza, según informan fuentes de Fogasa) para agilizar aquellos expedientes anteriores al 1 de octubre de 2013.

Según información de este organismo, además de un tratamiento directo y más rápido en la resolución del expediente una vez ha sido derivado a los servicios centrales, una empresa pública estatal se va a encargar del apoyo necesario para que los tiempos de trámite se acorten.

Efectivamente, desde el Colegio de Graduados Sociales se indica que el retraso en la tramitación de los expedientes que llegan al Fondo de Garantía Social alcanza ya los ocho o nueve meses de media. Esto, por un lado, y la acumulación de expedientes, por otro, es otro obstáculo más que denuncia el sector y que ahora reconocen que se ha aliviado a raíz de esta decisión del Fogasa de derivar trabajo a los servicios centrales ante el colapso que padecen sus oficinas en la provincia.

Por el momento, este organismo no adelanta la fecha aproximada en la que esos expedientes retrasados serán resueltos. Pero sí aseguran a los interesados que el tiempo de trámite será “sustancialmente menor del que habría empleado en la unidad provincial en la que lo presentó”.

Desde Graduados Sociales se entiende que esta situación mejorará a partir de ahora, teniendo en cuenta para ello la reforma que ha entrado en vigor el 1 de enero y por la que se suprime el pago directo por parte del Fogasa de parte de la indemnización (8 días estaba establecido hasta ahora) en los despidos por causas objetivas (económicas, técnicas, productivas u organizativas), lo que a su vez implica un encarecimiento del despido a las empresas.