El Fogasa, desbordado, tiene 1.852 expedientes de retraso en la provincia

El Fondo de Garantía Social (Fogasa) se encuenra desbordado tras seis años de continuo crecimiento de las empresas en quiebra o concurso de acreedores en la provincia, empresas que cesaron en su actividad o aplicaron drásticos expedientes de regulación de empleo. Son empresas insolventes, incapaces de hacer frente a los salarios atrasados e indemnizaciones de sus ex empleados. Ahora, el Fogasa, que lleva en su propio nombre la palabra garantía, es incapaz de garantizar en un tiempo razonable el pago de estas cantidades, según denunciaron ayer de manera conjunta CCOO y UGT.

Los datos aportados por las dos grandes centrales hablan de que a día de hoy existen en la provincia 1.852 expedientes que afectan a un número indeterminado de trabajadores que tendrán que esperar entre doce y quince meses a cobrar lo que les adeudan sus antiguos empleadores. En su día, antes de la crisis, cuando el Fogasa trabajaba con la cuarta parte de los expedientes que tiene que resolver en la actualidad, estas deudas se pagaban en un plazo no superior a los tres meses. La causa, según la secretaria provincial de CCOO, Lola Rodríguez, se encuentra en que este organismo trabaja con la misma plantilla que en 2007 (400 en toda España) para resolver en torno a 180.000 expedientes. "La plantilla del Fogasa, sus condiciones laborales, y el número de empleados son completamente inadecuados, y no se están cubriendo los puestos de trabajo vacantes, y la saturación es tal que ni se comparece en los procedimientos judiciales, laborales y concursales, ni se contesta a los emplazamientos en los mismos", asegura Rodríguez.

El Fogasa ha tratado de solucionar este atasco con la externalización de parte de sus servicios, lo que tiene un coste, según los sindicatos, de cerca de tres millones y medio de euros, "sin que esto suponga que se esté agilizando la tramitación de los expedientes, más bien los están agravando".

Rodríguez recuerda que detrás de estos atrasos se encuentran historias dramáticas, trabajadores con serios problemas por el retraso del cobro con el que contaban en un plazo razonable. Francisco Andreu, secretario provincial de UGT, mencionó algunos casos concretos, como los de Polanco, "una empresa que ya lleva bastante tiempo sin actividad" o Merkamueble, "que ha empezado ahora el concurso de acreedores".

Las dos centrales han convocado para mañana una protesta ante el Fogasa (en la calle Acacias de Cádiz) tras no haber experimentado avances pese a las llamadas a una mayor agilidad en un número de trámites estancados que no para de crecer y cuyo volumen de trabajo desborda a los empleados del organismo. Andreu invitaba a todos los trabajadores a que apoyaran la protesta "porque ya no sólo se trata de aquellas personas que se encuentran a la espera de recibir los cobros, sino que esto puede seguir sucediendo en otras empresas que entren en esta misma situación".

La curva numérica desde que empezó la crisis es elocuente. En 2007 el Fogasa lanzó en la provincia órdenes de pago por valor de dos millones y medio de euros. En 2013 esas órdenes de pago, que incluían salarios impagados e indemnizaciones, ascendieron a 18 millones y medio. Los trabajadores que tuvieron que acudir al Fogasa en 2007 fueron 797, pertenecientes a 371 empresas; en 2013 fueron 2.799 de 1.102 empresas. Siendo malos los datos de 2013, no alcanzaron las cifras estratosféricas de 2012, un año negro que fue cuando se produjo el gran atasco en el Fogasa. Entonces las órdenes de pago rozaron los 22 millones de euros y los trabajadores a los que atendió fueron 4.488 pertenecientes a un total de 1.808 empresas.