La Fiscalía pedirá 49 años de prisión para cada uno de los cinco miembros de una red que se dedicaba a introducir ilegalmente en España a marroquíes, a los que, una vez en su destino, retenían para reclamarles el pago de entre 300 o 750 euros si no querían ser entregados a las autoridades españolas.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz acogerá la próxima semana el juicio contra esta red que, entre el 11 de octubre de 2016 y el 20 de marzo de 2017 introdujo ilegalmente en España a unos 120 marroquíes en seis viajes realizados en embarcaciones neumáticas, semirrígidas o pateras. En su escrito de conclusiones provisionales el fiscal relata que la red tenía una rama ubicada en Marruecos que se dedicaba a ofrecer a individuos de nacionalidad marroquí viajar a España en pateras a cambio de una contraprestación económica, a agrupar a los interesados y organizar sus viajes.

La rama española, que será la juzgada, se encargaba de recibir a los inmigrantes una vez que las embarcaciones llegaban a las costas de Cádiz. Pero lo que parecía ser un servicio más del "viaje", era en realidad una trampa. Los miembros de la red les despojaban de todos los efectos que portasen, de su documentación, su dinero y sus teléfonos móviles, y les trasladaba en vehículos principalmente a las provincias de Almería o Huelva.

Allí les retenían contra de su voluntad y les exigían el pago de entre 350 y 700 euros, como condición para ser puestos en libertad. La red, según la fiscalía, formaba "una estructura definida y jerarquizada".

Uno de los inmigrantes, que se ha convertido en un testigo protegido de la causa, fue introducido en un coche con seis más, dos de los cuales fueron colocados en maletero. Les despojaron de sus teléfonos móviles y del dinero y les trasladaron hasta un cortijo de Almería, donde al menos encerraron al testigo protegido con vigilancia permanente y le exigieron el pago de 7.000 dirhams a cambio de no ser entregado a la policía para ser devuelto a Marruecos.

Uno de los miembros de la red le prestó su teléfono móvil para que llamara a su hermano en Marruecos y le pidiera que pagara la cantidad que le exigía a una persona allí afincada. Una vez que abonó la cantidad le devolvieron el teléfono.

El fiscal relata otros viajes de pateras organizados por la red en similares circunstancias, en unas diligencias que cuentan como testigo con otro de los inmigrantes a los que la red retuvo en contra de su voluntad.

Las escuchas telefónicas y vigilancias efectuadas a los miembros de la red durante la investigación permitieron desvelar que dos de sus miembros se dedicaban además al tráfico de hachís.

En febrero de 2017, cuando viajaban desde Vejer (Cádiz) a Moguer en un coche en el que portaban 132 kilos de hachís, fueron interceptados por la Guardia Civil en Palma del Condado. Uno de ellos logró huir, pero el otro fue detenido y juzgado y condenado a una pena de 3 años.

El que logró huir fue detenido con posterioridad, junto a los otros miembros de la red que se sentarán la próxima semana en el banquillo de los acusados.

El fiscal acusa a los cinco miembros de la red de seis delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por los que pide 36 años de cárcel para cada uno de ellos, y de dos delitos de detención ilegal, por los que pide otros trece años de prisión para cada uno de ellos.

Para el acusado E. H. E. N, que viajaba en el coche en el que fueron hallados 132 kilos de hachís, pide otros cuatro años de prisión por un delito contra la salud pública.

Además pide un año de prisión para otros tres acusados de colaboraron puntualmente con la red en los traslados.