Tomar una decisión a sabiendas de que es injusta. Eso es prevaricación. Y ese es precisamente el delito por el que la Fiscalía está investigando a Manuel Cárdenas, ex coordinador provincial de Izquierda Unida (IU) y alcalde de Trebujena durante 18 años, y a Jorge Rodríguez, actual regidor del mismo municipio.

El fiscal ha decidido emprender las diligencias oportunas para averiguar si fue correcta o no la actuación de los dos últimos alcaldes de Trebujena por Izquierda Unida respecto a unos terrenos de la localidad ubicados en suelo no urbanizable.

Cárdenas defiende que su equipo de gobierno no buscó "evadirse" del cumplimiento de la Ley

Las pesquisas iniciadas por el Ministerio Público se dividen en dos líneas claras de investigación. De un lado, el fiscal ha puesto el foco en una docena de expedientes denominados 'de protección de la legalidad urbanística', incoados en los años 2007, 2008 y 2009, en virtud de los cuales el Consistorio trebujenero -entonces encabezado por Manuel Cárdenas- instaba a los propietarios de determinadas fincas a demoler edificaciones que habían sido construidas de manera ilegal.

Si bien es cierto que el Ayuntamiento llegó a tramitar estos informes por las irregularidades urbanísticas cometidas por una docena de vecinos, el fiscal considera que el ejecutivo local tendría también que haber abierto "simultáneamente" expedientes sancionadores, esto es, multas económicas baremadas en función del total de metros cuadrados levantados al margen de la Ley.

La otra línea de investigación en la que trabaja la Fiscalía se centra en las acometidas de agua que afectan a unas 20 parcelas de Trebujena ubicadas igualmente en suelo no urbanizable. Según las fuentes judiciales consultadas, Jorge Rodríguez, concejal de Servicios Municipales a la fecha de los hechos investigados, dio el visto bueno a unas licencias de agua para que el suministro llegase a las referidas fincas. En este caso, la Fiscalía "no ve justificada" dicha concesión al entender que los propietarios de estos terrenos no se dedican a la actividad agrícola y/o ganadera de forma profesional, puesto que no están dados de alta en el Régimen Agrario.

De momento, las averiguaciones están dando sus primeros pasos procesales. Así pues, se ha dictado un auto por el que se ordena seguir los trámites de procedimiento abreviado y en el que se declaran investigados (antes imputados) a Manuel Cárdenas y a Jorge Rodríguez, además de a una ex teniente de alcalde, dos arquitectos y una técnico de urbanismo, por el delito de prevaricación. Dicho auto ha sido recurrido por las defensas, que han solicitado el sobreseimiento de las actuaciones para todos los implicados. Ahora el fiscal debe decidir si se adhiere a este archivo o lo impugna. Dado el volumen del asunto, las mismas fuentes apuntan que aún no se ha formulado escrito de acusación por parte del fiscal.

A raíz de estas indagaciones, Manuel Cárdenas ha declarado que, bajo ningún concepto, su equipo de gobierno buscó "evadirse" del cumplimiento de la Ley, sino todo lo contrario. "Promovimos los expedientes de protección de la legalidad urbanística sin acompañarlos de los expedientes sancionadores porque no teníamos un funcionario con la cualificación necesaria para tramitarlos", ha asegurado. El que fuera alcalde de Trebujena y delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta ha señalado que el Ayuntamiento "carecía de medios y recursos" para este tipo de personal cualificado.

Respecto a las acometidas de agua, Jorge Rodríguez ha aclarado que "no se construyeron nuevas instalaciones en los caminos, pues las redes de suministro ya estaban ahí". El regidor ha defendido también que se otorgaron licencias a vecinos "que formaban parte de una cooperativa y no por ello eran empresarios que se dedicaran a la rama agrícola en exclusividad". En cualquier caso y provisionalmente "se ha cortado el abastecimiento de agua a las fincas afectadas".