La Fiscalía ha solicitado 12 años de inhabilitación para cargo público para el alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil (PP), por un delito de prevaricación.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a junio del 2011, cuando Gil tomó posesión de su cargo como alcalde. Entonces, el regidor tomó la decisión de despedir a M.A.M.S., un empleado que había sido contratado tres días antes por el alcalde cesante, Miguel Manella (PSOE), como técnico de información turística "conforme a la normativa municipal, mediante la oportuna Mesa de Contratación".

A su llegada a la Alcaldía, Juan Andrés Gil despidió a este empleado público alegando que no había superado el periodo de pruebas, lo cual se considera desde la Fiscalía como "escandaloso", ya que sólo llevaba tres días.

En su sustitución, además, contrató a otra persona "sin ningún procedimiento de selección ni informes técnicos", un proceder que "se saltaba la legislación de contratación pública".

El escrito de acusación destaca el hecho de que "nada más llegar a la Alcaldía, contrató a un compañero suyo de partido, Cristóbal Iglesias Campos".

"El acusado", indica el informe, "quería agradecerle los servicios prestados, pues Cristóbal, que era Secretario de Organización del PSOE en Tarifa, había abandonando dicha formación poco antes de las elecciones para integrarse en el PP, partido al que pertenecía" el regidor. Mediante una resolución de 7 de julio del 2011, se contrató a Iglesias como trabajador temporal para el área de Cultura, ocupando el puesto que antes tenía M.A.M.S., reconociéndose en la propia resolución "que no se había llevado a cabo proceso alguno de selección, aduciendo unas pretendidas razones de urgencia que nunca existieron".

El informe emitido por el asesor jurídico de Personal determinó que, en materia de selección, "no consta proceso selectivo que garantice el cumplimiento del Estatuto Básico del empleado público". La Fiscalía sostiene que el alcalde de Tarifa "hizo caso omiso a estas advertencias, ya que su única finalidad era contratar a su amigo, aun obviando todos los requisitos legales para ello". Por todo ello, solicita para Juan Andrés Gil 12 años de inhabilitación y multa de ocho meses con una cuota diaria de diez euros. También pide diez años de inhabilitación para Cristóbal Iglesias.