La segunda sesión de la vista oral por el caso 'horas extras' transcurrió según la normalidad. Ni Fiscalía ni defensa variaron un ápice su tesis inicial. Los primeros entendieron que tanto la alcaldesa de Rota y ex concejala de Fiestas y Relaciones Institucionales, Eva Corrales, así como el resto de técnicos y delegados imputados en la causa, ocultaron el encargo de un trabajo extra a un funcionario y evitaron establecer un contrato de suministro. La defensa rechazó toda acusación de prevaricación y falsedad documental, inculpación que recae sobre todo en el funcionario. Las pruebas testificales poco variaron el transcurso argumental que el juicio había seguido desde que se iniciara el pasado lunes.

Volviendo a la génesis del caso, la investigación de Fiscalía se basó en unos documentos facilitados por IU al Ministerio Público. Por ello, un representante de los servicios jurídicos de esta formación compareció como testigo para explicar cómo llegó a IU una información que venía a decir que se estaban cometiendo irregularidades en el cobro de las horas extras de algún funcionario. Asimismo, las indagaciones fiscales derivaron en que antes de que el funcionario cobrara unos trabajos ajenos a su actividad como auxiliar de gestión tributaria como horas extras, presentó unas facturas a nombre de su esposa, quien presuntamente nunca ejecutó los trabajos encargados por el Consistorio. El abogado de IU aseguró que alguien anónimo dejó la documentación en la sede del partido. "Vimos los partes de trabajo y vimos que uno de ellos cobraba horas extras hasta en verano y sospechábamos de delito penal", admitió.

El testimonio más intenso fue el del secretario del Ayuntamiento roteño, autor de un informe encargado por Corrales a raíz del procedimiento penal abierto. El hecho de que al funcionario se le encargara durante más de 25 años sin discusión la confección de las bandas lo achacó a "la aptitud mostrada" por éste. El secretario entró al grano de su informe para resaltar que un funcionario puede ser requerido para cubrir una necesidad de servicio público diferente a la que realiza habitualmente. Un argumento que esgrimió para rechazar actividad ilícita e irregularidad en que M.G. cobrara como "gratificaciones extraordinarias", que no horas extras, los encargos realizados por los concejales de Fiestas y Relaciones Institucionales, Corrales y Puyana, entre 2004 y 2010. "Los funcionarios no podemos hacer horas extras y las cobramos por gratificaciones", aclaró.

Según ha trascendido durante la investigación fiscal, hasta enero de 2007 el funcionario utilizó como método de cobro unas facturas y no pasó como horas extras la realización de los bordados relacionados con las fiestas locales. Lo más reseñable de estos documentos es que estaban a nombre de su esposa y durante años nadie se preguntó por qué se hizo así y no vieron anomalía alguna. El secretario del Ayuntamiento dijo desconocer que se hacía así y defendió que la legislación permite un lucro privado mientras no afecte a la actividad de su cargo. El hecho de que no saliera un pliego de condiciones para los trajes, colgaduras y demás aseguran que es por tratarse de contratos menores a 12.000 euros.

Aunque este es un aspecto que choca con el importe de las colgaduras del castillo y otros edificios municipales, que se cuantifica en unos 15.000 euros. "Si era así, habría que sacar un pliego", admitió. También hizo hincapié en que es importante establecer una diferenciación entre cobro por productividad, que sería un plus por acción en el puesto de trabajo, y entre gratificación por servicio extraordinario, retribución a percibir fuera del lugar de trabajo.

Ambas partes elevaron sus conclusiones a definitivas a espera de sentencia en el día de ayer. Por su parte, la Fiscalía entendió que a M.G. como funcionario y a su esposa les está prohibido cualquier contrato con el Ayuntamiento de Rota. Por ello, acusó a Corrales, Lorenzo Sánchez (RRUU), ex alcalde y primer teniente de alcalde, Puyana, ex edil de Fiestas entre 2007 y 2008, y a los técnicos, de connivencia y querer ocultar la contratación de un funcionario para una actividad ajena su función. El Ministerio Público también cargó contra unas facturas de las que "no se ha dado explicación lógica de por qué aparecen a nombre de su esposa y no aparece el nombre del funcionario en ningún informe". Principalmente, señaló a Corrales al comprender que "es responsable la delegada que hacía estas propuestas a la Junta de Gobierno Local". Sobre Sánchez , dijo que si bien en la Junta de Gobierno no se puede entrar al detalle de todos los contratos a firmar, debió darse cuenta de que se facturaba con alguien ajeno a quien hacía el trabajo. Por tanto, la Fiscalía argumentó que se intentó revestir de legalidad las facturas y ocultar la participación del funcionario. Respecto al cobro de las horas extras, al menos 4.398, por las que se le abonaron más de 42.000 euros, esgrimió que ha sido imposible comprobar que, en efecto, estas se realizaran. Y recordó que al no declarar la esposa del funcionario ni nadie haber explicado algo sobre las facturas, el asunto sigue sin clarificarse. La Fiscalía acusó al funcionario de un delito continuado de falsedad documental con la agravante de su cargo y pide para éste dos años de cárcel. El fiscal mantuvo la pena de prisión e inhabilitación por prevaricación para la mayoría de imputados y cuatro años de cárcel para Corrales.

En contraposición al Ministerio Fiscal, la defensa del letrado Manuel Hortas aseguró que el representante del Ministerio Público cometió el error de "simplificar" al sostener que es ilegal e incompatible contratar a funcionarios para otras tareas. En relación a las gratificaciones, defendió que al trabajador se le pagó según el trabajo realizado. "Si presentaba facturas es que había un contrato. Las personas que intervienen sólo siguen las formas de antes sin intención de vulnerar la legislación", apuntó Hortas, que descartó la posibilidad de un delito de prevaricación al no existir intención de beneficio. Por esta razón, pidió la absolución de todos los imputados ya que "ese dinero público ha sido gestado en bienes públicos, no hay infracción" y aseguró que hubo neutralidad. Hortas también explicó que en una facturación no es necesario que se haga a nombre de quién realiza el trabajo y que la intervención de cada uno de los imputados se ajustó a la norma

A la salida de la Audiencia, Lorenzo Sánchez, se mostró despreocupado por la resolución del tribunal, y calificó de "juego maldito" la judicialización de la política para "intentar captar votos".