La Fiscalía Antidroga pide 114 años de prisión y multas e indemnizaciones por más de 14 millones de euros para Pedro Samuel Maza Ruiz, armador del pesquero Rúa Mar, que naufragó en enero de 2020 en el Estrecho de Gibraltar cuando supuestamente regresaba de coger un cargamento de hachís, en un accidente que causó la muerte de seis marineros.

En su escrito provisional de acusación, al que ha tenido acceso EFE, la fiscal Antidroga del Campo de Gibraltar, Macarena Arroyo, acusa al armador de seis delitos de homicidio, y de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud, contra los trabajadores, blanqueo de capitales y estafa en grado de tentativa.

El armador y su pareja son los principales de los seis acusados por la Fiscalía Antidroga de estar detrás del entramado por el que el Rúa Mar fue desde el puerto de Barbate hasta una zona marítima de Marruecos para recoger un cargamento de hachís que iba a trasladar después a las costas de Cádiz.

En el escrito la fiscalía relata que Pedro Samuel Maza fue "el responsable" y "propietario" del alijo de 1.181 kilos de hachís que fue intervenido en 2019 en uno de sus pesqueros, que tenía a nombre de otra persona "como pantalla".

Tras esta intervención, según la Fiscalía, continuó presuntamente en el negocio del tráfico de hachís, ya vigilado por la Audiencia Nacional, en unas pesquisas que llevaron a varias intervenciones telefónicas. En enero de 2020, planeó con otros acusados otra operación de traslado de hachís.

Para ello, en la madrugada del 22 de enero salió del puerto de Barbate el Rúa Mar, con seis marineros a bordo como tripulación declarada y otros dos, que no fueron declarados.

La fiscal relata como uno de estos marineros no declarados, uno de los fallecidos, llamó al teléfono del armador para comentar que tenían una avería.

La embarcación permaneció a lo largo de toda la tarde del día 22 en la misma zona marítima, de aguas marroquíes en la parte oeste de Tánger.

La madrugada del día 23 Salvamento Marítimo intentó llamar hasta en cinco ocasiones al armador para informarle de que la baliza de posicionamiento de la embarcación había saltado, lo que significaba que el mástil había tocado agua.

Salvamento Marítimo consiguió finalmente a las 3:10 horas hablar con el armador para preguntarle si tenía "algún modo de contactar con la embarcación", cuenta el escrito de la fiscal.

El acusado contestó que no tenía forma de contactar con la embarcación "omitiendo, con desprecio de los riesgos que sabía estaban incurriendo los marineros, que la tripulación poseía un teléfono satelital con el que se comunicaba con él".

Tras la llamada de Salvamento Marítimo, "el acusado efectúa, hasta seis llamadas ... con el fin de aparentar preocupación e interés por su tripulación".

Según la radio baliza del barco Rúa Mar, el barco se hundió a las 1:30 horas a 28 millas de Cabo Espartel (Cerca de Tánger).

Según el informe de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el momento del hundimiento el pesquero se encontraba fuera de la zona permitida según su certificación.

El fiscal señala que en la mañana del día 23, tras conocerse el naufragio, como el armador no tenía abonado el seguro de responsabilidad civil de la embarcación, efectuó un ingreso a favor de una compañía aseguradora "con el fin de cubrir el pago de las cuatro cuotas pendientes de cumplimiento, comunicando la fecha del siniestro después de que el ingreso estuviera realizado, para cubrir el descubierto".

Tras el hundimiento se inició un amplio dispositivo por tierra, mar y aire, para localizar el barco y a sus tripulantes. Los cadáveres de dos de ellos fueron recuperados en la costa, pero otros cuatro desaparecieron en el mar.

Tres días después, también aparecieron flotando en el mar dos fardos de 25 kilos cada uno de ellos de hachís, que según la fiscal, eran de los que transportaba el Rúa Mar.

Para el resto de los acusados solicita penas menores ya que el armador es el único acusado de los seis delitos de homicidios por los que pide 15 años por cada uno de ellos.

La fiscal pide también que el armador pague 12 millones como multa, otros 1,9 millones a Salvamento y Seguridad Marítima e indemnizaciones de entre 200.000 y 400.000 a las esposas e hijos de los seis fallecidos.

El armador, que estaba en libertad provisional, fue detenido la semana pasada de nuevo por su relación con un alijo de unos 2.000 kilos de hachís localizados en un pesquero en El Puerto de Santa María.