La Audiencia Provincial de Cádiz suspendió ayer el juicio al acusado de retener a un inmigrante y después denunciarlo falsamente de haber entrado en su casa y haberle robado 450 euros. El procesado es vecino de Barbate, donde sucedieron los hechos, y no se presentó en el Palacio de Justicia de la capital gaditana. Su abogada le explicó ayer al tribunal, de la Sección Primera, que su cliente le había dicho por teléfono que no tenía dinero para acercarse a Cádiz al juicio.

El juicio ha sido señalado de nuevo para el próximo noviembre. El tribunal decidirá cómo afronta la situación: si cita de nuevo al procesado y confía en que para entonces haya mejorado su situación económica o le pide a la Policía o a la Guardia Civil que se ocupe del traslado del acusado.

Hay una tercera opción, que es la que adoptó en la misma Audiencia Provincial de Cádiz otro tribunal hace unos años. Fue una decisión drástica, criticada en los pasillos por algunos letrados, que acabó bien mal.

En aquella ocasión, en 1999, desde el Ayuntamiento de La Línea telefonearon a la Audiencia días antes de un juicio para explicar que tenían allí a una procesada, una vecina del municipio, que había acudido a pedir una ayuda para acudir a la vista, ya que no disponía de dinero para hacer el viaje. Los responsables de la Audiencia no dieron solución alguna al problema y tampoco la dio el Ayuntamiento linense. Llegó el día del juicio y la mujer no estaba. Entonces, el tribunal decidió solucionar el asunto con una orden precisa: pidió a la Policía que detuviese a la mujer y que la llevase a prisión.

Señalado de nuevo el juicio, la procesada acudió conducida desde la cárcel, donde permanecía desde hacía unos meses. Pero sucedió entonces que en la vista quedó claro que la mujer se había visto envuelta casualmente en una historia de la que no era culpable en absoluto. Quedó claro que era inocente, que ocupaba el banquillo junto a otro procesado porque éste la había recogido cuando conducía un coche y la mujer desconocía en ese momento que el turismo era robado, que el hombre se lo había arrebatado a punta de navaja a la propietaria. Tan claro quedó, que en cuanto acabó el juicio, antes de dictar sentencia y absolverla, el tribunal ya puso en libertad a la mujer.

"Ella tiene voluntad de venir, no de ocultarse. Su domicilio es conocido. No hay necesidad de meterla en la cárcel: no es de justicia", había argumentado sin éxito el abogado de la mujer cuando el tribunal decidió aplazar el juicio y se aseguró de que la procesada asistiría a la vista la próxima vez que fuese convocada.

La Audiencia se enfrenta ahora a un nuevo caso en el que el procesado dice que no tiene dinero para ir al juicio. Queda saber cómo lo afrontará en esta ocasión. Falta saber si desde 1999 a 2001 ha cambiado algo en la Justicia.