Europa acaba con el fantasma de las ayudas ilegales a los astilleros

El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) anuló ayer la decisión de la Comisión Europea de declarar ilegal el sistema español de bonificaciones fiscales (conocido como tax lease) para los inversores en astilleros y que obligaba a España a recuperar estos apoyos. En su sentencia, el tribunal estima que la conclusión a la que llegó el Ejecutivo comunitario, de que las medidas podían "falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales" entre estados miembros, "no está suficientemente motivada".

El caso se remonta a 2013, cuando el entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia, pidió a las autoridades españolas recuperar las ayudas ilegales concedidas a los astilleros bajo este sistema entre 2007 y 2011, tras concluir que el régimen de ayudas vulnera las normas de la UE en materia de ayudas públicas porque concedió una ventaja selectiva a sus beneficiarios con respecto a sus competidores. El sistema denunciado por el Ejecutivo comunitario permitía financiar, mediante una estructura jurídica y financiera específica, la construcción de buques marítimos por los astilleros y su adquisición por las empresas navieras con un descuento sobre el precio del buque. Para ello, intervenían como intermediarios una sociedad de leasing y una agrupación de interés económico (AIE).

En su sentencia, el TUE considera "errónea" la conclusión de que las AIE se beneficiaron de una ayuda estatal, "puesto que sólo los inversores se beneficiaron de las ventajas fiscales y económicas del sistema" de bonificaciones. Así, según ha podido contrastar este periódico con fuentes del sector, la sentencia del tribunal permitirá desde ahora que sea más fácil para un armador contratar con los astilleros la construcción de buques.

Al respecto se pronunció ayer la candidata del PP por Cádiz y ex alcaldesa de la capital, Teófila Martínez, quien aseguró a este diario que la decisión judicial ponía en evidencia "la política que el PSOE ha tenido siempre respecto a los astilleros españoles. Supone un nuevo fracaso en su política de ir contra ellos, pues ya intentaron en su día cerrar las instalaciones gaditanas". "Recuerdo que cuando denunciábamos el perjuicio que suponía la decisión de Joaquín Almunia, desde el PSOE se nos culpaba de no encontrar carga de trabajo para las factorías, callando que todo lo poco que se podía construir desde el sector civil estaba penalizado por culpa de lo decidido por el socialista Almunia, a lo que había que unir que fueron ellos los que impusieron el veto a proyectos civiles, en favor de las construcciones militares", dijo Martínez.

Visiblemente indignada por el tiempo perdido en un sector tan delicado, afirmó que "es impresentable que digan que no hacemos nada siendo ellos los responsables máximos de los peores momentos de la industria naval".

En la misma línea, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, mostró ayer su "satisfacción" con la decisión "magnífica" del TUE, que "da la razón al Gobierno de España, que, defendiendo a los astilleros y el futuro de Navantia y de los trabajadores de astilleros, reclamaba la injusticia de un tratamiento que en su día fue un ataque sin precedentes e injustificado del comisario Almunia". Así, se preguntó "cuántos contratos hemos perdido, cuanta actividad laboral y cuanta garantía de futuro para los trabajadores hemos perdido por la decisión nefasta del que fuera ministro socialista y entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia".