La oposición de Equo al derribo del actual Teatro de Verano viene de lejos. En varias ocasiones se han concentrado en la zona para reivindicar el mantenimiento de la infraestructura como espacio escénico público.

Ahora, han centrado sus críticas en el proceso de venta de las cinco parcelas en las que se ha divido el espacio, que incluye el actual teatro, las pistas deportivas anexas y las zonas verdes que las separan.

Desde el grupo verde manifestaron que "la operación del Teatro de Verano es una venta de patrimonio público al mejor postor. Con un precio mínimo por parcela de 450.000 euros, lo que hace realmente inaccesible para un pequeño emprendedor acceder al desarrollo comercial de este espacio. Y si lo hace será en las condiciones que establezca el holding de turno que se adueñe de las parcelas." Respecto a esto criticaron que a la hora de valorar las ofertas que se hagan, sobre una puntuación total de 100 puntos, la oferta económica se valorará con 60 puntos. Algo que a juicio de Equo, es un indicativo de que "la principal intención del gobierno de Peinado en el desarrollo de este proyecto es hacer caja con la venta de espacios públicos".

El portavoz del grupo ecologista en el Ayuntamiento de Puerto Real, Iván Canca, recordó que en mayo de este año el área de Urbanismo hizo una valoración de la parcela de cerca de 11,86 millones de euros y que posteriormente un perito nombrado por el Registro Mercantil valoró la parcela en 5,3 millones. "Independientemente de la diferencias en la valoración, lo que resulta lamentable es que el precio total al que se pretenden vender las parcelas es de 3,7 millones de euros. Lo que supone un 69 por ciento menos de la generosa valoración realizada por el Ayuntamiento y un 30 por ciento inferior de la realizada por el Registro Mercantil". Son estas cifras las que Equo ha usado para asegurar que "el Ayuntamiento, a través de GEN, va a malvender este espacio público".

Sobre el control de los fondos que se consigan recaudar con esta gestión, Canca criticó que se ha disminuido después de que el Consistorio cediese las parcelas a una empresa pública. "Con el traspaso a GEN, la empresa va a poder usar el dinero a discreción sin ningún tipo de cortapisas, lo que supone un rodeo a la legislación vigente en el control de lo recaudado por ventas de espacios públicos."

Por último, calificaron como "un engaño a la ciudadanía" que la mayor parcela de la unidad tenga como destino una gran superficie de alimentación, "cuando se ha vendido públicamente que la parcela se dedicaría al ocio", finalizó Canca.

Los terrenos donde se planea la construcción del centro de ocio fueron cedidos por los vecinos de la barriada Julián Besteiro, bajo la premisa de que fuesen utilizados para zonas verdes o equipamientos públicos. Tras el anuncio municipal, un grupo de vecinos de la zona se han manifestado en contra de este proyecto y han solicitado al Ayuntamiento que ofrezca información sobre la situación en la que quedarán las pistas deportivas que van a ser eliminadas. Juan Manuel Catalán, miembro de la junta directiva de la asociación de vecinos, exigió el mantenimiento de las zonas deportivas y los espacios verdes. Por otro lado, recordó que recientemente se han cerrado dos superficies comerciales similares a las que se planea construir, y que la llegada de "gigantes de la alimentación supone la muerta del pequeño comercio del barrio".