Ecologistas en Acción pide que Malcucaña no sea urbanizable

Proteger el litoral andaluz para evitar que vuelvan a cometerse atrocidades como las de antaño es una obsesión para los grupos ecologistas. El desarrollo urbanístico de localidades costeras, que ven en el turismo su tabla de salvación a la crisis económica, choca frontalmente con la necesidad de salvaguardar parajes de un gran valor medioambiental. A pesar de que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía está siendo bastante escrupulosa con su Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCL), ayer Ecologistas en Acción presentó un total de 138 alegaciones al mismo y a su Informe de Sostenibilidad Ambiental. De esas 138 alegaciones, 31 pertenecen a enclaves de la provincia gaditana, llevándose Sanlúcar la palma con ocho, casi todas en zonas fronterizas con el Coto de Doñana.

Ecologistas en Acción considera que este Plan "abre tímidamente" las puertas a una política de protección del litoral andaluz, "muy deteriorado por todo tipo de agresiones e impactos irreversibles sufridos por la especulación urbanística y la hipertrofia de infraestructuras". Desde Ecologistas aseguraban ayer que "nuestras alegaciones pretenden lograr que este plan alcance sus máximas posibilidades y cumpla todos sus objetivos, para que no se quede en otro plan más sin eficacia real alguna".

Una de las alegaciones presentada tiene que ver con la zona de Malcucaña, en la vejeriega playa de El Palmar, donde hay proyectado un macrocomplejo hotelero. En el año 2004 se recalificaron estos terrenos para declararlos urbanizables, "debido a la presión de una empresa promotora que había adquirido los terrenos siendo no urbanizables, todo ello sin evaluar el impacto ambiental que conllevaría esta actuación urbanística". La playa es colindante con Castilnovo, que tiene la máxima protección y está declarada como inundable, por lo que debe clasificarse como no urbanizable de especial protección. Ecologistas en Acción ha pedido que, toda vez que no se ha desarrollado el proyecto por culpa del estallido de la burbuja inmobiliaria, y teniendo en cuenta que los terrenos son un activo tóxico de Bankia actualmente transferidos a la SAREB (el conocido como Banco Malo), "no tiene ningún sentido mantener estos suelos como urbanizables".

Sanlúcar de Barrameda es la localidad gaditana que ha tenido más alegaciones, atendiendo sobre todo a la protección y regeneración de las marismas de la Algaida o la zona de Bonanza. También han hecho hincapié en la necesidad de conservar los navazos, agrosistemas tradicionales que se remontan al siglo XVI y que actualmente sólo se conservan en esta localidad. Hasta el momento no tienen ninguna figura de protección. El denominado como de San Salvador, junto a la playa y frente a Doñana, mantiene aún su uso y conserva la estructura tradicional. Las dos unidades citadas en la alegación son suelo sectorizado sin desarrollar a pesar de que el planeamiento urbanístico corresponde al PGOU de 1966.

Ecologistas en Acción considera que "lamentablemente este plan llega tarde para evitar el desastre perpetrado por el sector turístico-residencial en el litoral andaluz, encontrándose fuertemente condicionado, limitándose a parchear lo poco que queda remediable". Y critica que el plan no reconozca responsabilidad de ninguna administración en actuaciones anteriores, "cuando este plan contradice Planes de Ordenación del Territorio (POT) y Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) aprobados en los últimos años".

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria los ayuntamientos y la Junta de Andalucía han seguido aprobando PGOUs y POT de ámbito comarcal que han seguido los mismos planteamientos: millones de metros cuadrados de nuevos suelos urbanizables y miles de viviendas más, "sin ninguna justificación en base a necesidades reales de la población ni a los mínimos criterios de sostenibilidad económica o ambiental", dicen desde la organización.

Según datos que ofrecieron ayer en Sevilla, en Andalucía hay un stock de 130.000 viviendas sin vender y otras 224.178 vacías, por lo que Ecologistas no entiende estas previsiones de miles de nuevas viviendas. Actualmente, los suelos urbanizables en la franja de los primeros 500 metros del litoral suponen una superficie de 90 millones de metros cuadrados y una capacidad, con los urbanos sin desarrollar, de 187.000 viviendas más a construir. El Plan impediría construir 43.533 viviendas, pero permite 143.000 más, lo que, para Ecologistas en Acción, "es un manifiesto disparate desde los puntos de vista económico, social y ambiental, además de una contradicción inaceptable para un plan llamado de protección".

Por todo ello han propuesto que el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía debe incluir la corrección de las previsiones de crecimientos urbanísticos y de construcción de nuevas viviendas, para impedir nuevas sobre ofertas de suelos urbanizables y viviendas (activos tóxicos) y evitar más impactos sobre la franja litoral; la prohibición de nuevas recalificaciones en el litoral, y que se proceda a revisar todos los PGOUs de municipios del litoral para que en el plazo de un año desde la aprobación del Plan de Protección del Corredor Litoral se proceda a desclasificar todos los suelos urbanizables no desarrollados, y especialmente los activos tóxicos de las entidades financieras, en su mayoría titularidad de la SAREB; la restauración y corrección de los impactos generados por el urbanismo y las infraestructuras en estas últimas décadas; el aumento de las Zonas Litorales de Protección Territorial 1 (ZLPT1), las de máxima protección, y que suponen tan solo el 26% de las zonas propuestas de protección; la modificación de la laxa normativa de las Zonas Litorales de Protección Territorial 2 (ZLPT2), la mayoría de las propuestas, en las que se permite construcciones de hoteles, campos de golf, infraestructuras e, incluso, desarrollos urbanísticos justificados. "En suelos no urbanizables de especial protección esto es inadmisible"; también piden la imposibilidad de modificar arbitrariamente por el titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, tal y como se contempla en la normativa, sino con un proceso de tramitación pública, y en ningún caso se podrá reducir la protección de una zona; y por último la prohibición de regularizar las urbanizaciones ilegales existentes en el ámbito del Corredor Litoral.

Con estas alegaciones Ecologistas en Acción pretende "reforzar la protección de las zonas de mayor valor ambiental y paisajístico, desclasificar y proteger los suelos urbanizables no desarrollados, impedir la urbanización en la periferia de los espacios naturales y excluir del proceso urbanizador suelos inundables o con otros riesgos naturales o inducidos".