Dragados es la única que todavía lo incumple
Debe más de 350.000 euros a la plantilla y ayer dio plantón a los sindicatos en el Sercla
La sentencia del TSJA ha supuesto la reanudación del cobro del plus de trabajos penosos, tóxicos o peligrosos en las empresas litigantes, salvo en Dragados Offshore. Según varios portavoces de Comisiones Obreras, la empresa del Bajo de la Cabezuela "es la única" que no ha pagado "ni un duro" de este complemento salarial acordado en la revisión del convenio colectivo en 2006. El resto inició ese año el abono y lo suspendió posteriormente a la espera del dictamen judicial, que se produjo finalmente el pasado 16 de diciembre.
Dragados Offshore "ha ido por libre". Según las mismas fuentes, la compañía "se negó primero a que entraran subcontratas que lo pagaban" y demandó a Femca y CCOO en solitario, pero el TSJA, en una primera vista, rechazó la reclamación unilateral. Esta negación dio lugar a la constitución de la asociación empresarial y a un proceso de "mediación-conciliación previo a la demanda de conflicto colectivo" -según recoge la propia sentencia- , que "resultó sin avenencia respecto a CCOO y sin efecto respecto a Femca".
El veredicto judicial parecía ahora poner fin a los desencuentros. Sin embargo, Dragados Offshore no lo ha acatado y todavía no ha abonado ninguna cantidad correspondiente al plus. Según el comité de empresa, la deuda con cada trabajador asciende actualmente a "entre 2.300 y 2.400 euros" -la suma retroactiva desde 2006- y los afectados son casi 150. De acuerdo con estas cifras, la compañía puertorrealeña debe a su plantilla (exceptuando los técnicos) más de 350.000 euros.
Ante este impago, empresa y sindicatos (CCOO y UGT) estaban ayer convocados a un acto de mediación en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla). La dirección de Dragados Offshore no compareció, por lo que las organizaciones laborales han denunciado el caso a la Inspección de Trabajo y estudian la interposición de una demanda colectiva, que ya cuenta con la aprobación mayoritaria del personal de la fábrica, ante los Juzgados de lo Social.
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