Diecinueve personas han sido detenidas como integrantes de una red acusada de robar cable a gran escala del alumbrado público de Jerez de la Frontera que llegó a dejar sin servicio a 80.000 vecinos, una tercera parte de los habitantes de la localidad.

El Subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, ha informado en rueda de prensa de la operación desarrollada a primera hora de esta mañana por efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional bajo el nombre "FEMA-COOPER".

De Torre ha explicado que los 19 detenidos se dividían en tres grupos distintos: los que robaban el cable de cobre (6 personas), los que lo llevaban a la chatarrería (12) y el dueño de este establecimiento ubicado en la pedanía jerezana de La Barca de la Florida y al que se le acusa de un delito de receptación de la mayoría del cable de cobre robado.

En esta chatarrería, los agentes han intervenido 6.000 kilogramos de cable de cobre procedente del alumbrado público de Jerez, ciudad en la que la red había cometido al menos 61 robos de este material con los que se llegó a dejar sin luz al 30 % de los vecinos de la localidad.

La operación se puso en marcha cuando el Grupo de Patrimonio de la Policía Nacional de Jerez y el Grupo Cobre de la Guardia Civil de la localidad, al intercambiar información sobre los robos de cableado del alumbrado público, se percataron de que estaban trabajando en la misma línea de investigación.

La Policía y la Guardia Civil optaron entonces por un operativo conjunto y coordinado para desmantelar "lo que parecía ser un grupo organizado, muy activo y con una gran capacidad de movimiento".

Las investigaciones permitieron identificar a los responsables de una serie de ventas de cable de cobre que despertaron sospechas de ser los que habían sido sustraídos del alumbrado público de Jerez.

Los agentes localizaron los domicilios de los investigados y siguieron sus rutinas, su forma de operar, sus movimientos diarios, el rol que cada uno de los investigados desempeñaba "en lo que se demostró ser una organización perfectamente estructurada" y descubrieron los establecimientos donde habían vendido el material robado.

La mayoría de las ventas del cable robado las habían hecho en un mismo local en el que "presumible tenían conocimiento del origen ilícito de la mercancía", por lo que su responsable podría ser autor de un delito de receptación.

El resto de los responsables de los demás establecimientos no han sido imputados en la operación porque sólo habrían cometido diversas infracciones administrativas.

Los detenidos, miembros de la red, tienen un amplio historial delictivo y, según los investigadores, no dudaban en emplear la violencia, las coacciones y las amenazas sobre los empleados de los establecimientos, si las transacciones no se realizaban como ellos querían.

Para desmantelar la red, a primeras horas de esta mañana agentes de unidades de control han montado un dispositivo en las barriadas donde residen los detenidos para evitar fugas y altercados y garantizar la seguridad de los agentes, que en total han detenido a diecinueve personas.

El subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, ha incidido en los "graves perjuicios" que está produciendo este tipo de delito a las instituciones y en el "gran peligro para la vida de los autores", puesto que el material que manipulan soporta corrientes de alta tensión de miles de voltios.