Denegado el indulto al guardia civil condenado por poner multas falsas

El guardia civil Arturo Gilabert Moreno, condenado en el año 2007 por la Audiencia Provincial de Cádiz a seis años de prisión y tres de inhabilitación por dos delitos de falsedad en documento oficial cometidos por un funcionario público, tendrá que ingresar este próximo domingo en prisión, tras haberle denegado el pasado jueves el Consejo de Ministros el indulto que había solicitado.

Los hechos por los que fue condenado Arturo Gilabert se remontan al año 2004, cuando el agente, que estaba adscrito al puesto de la Guardia Civil en Sanlúcar de Barrameda, multó en dos ocasiones distintas a la ex novia de su hermano sin que las supuestas infracciones se hubiesen cometido, según la sentencia emitida en 2007 por la Audiencia Provincial. La primera multa la interpuso el agente contra la ex pareja de su hermano el 26 de marzo de 2004 y la segunda el 3 de julio de ese mismo año. La Audiencia consideró probado que el agente no pudo haber puesto las sanciones ya que los boletines de denuncia no coincidían con sus partes de trabajo. Así, por ejemplo, la primera multa se puso a las tres de la tarde en la CA-602 mientras que el agente se encontraba en un servicio de escolta a a un furgón de presos que se dirígía al penal, servicio que comenzó a las 14:10 horas y se prolongó hasta las 17:10 horas. En este caso el agente alegó que él y su compañero habían perdido al furgón y tuvieron que dar un rodeo, momento en el que detectaron la infracción de tráfico y la multaron. En la segunda ocasión, la multa se puso a las nueve y media de la noche cuando el agente había salido de su turno a las nueve, sin que en el parte de trabajo se reflejara incidencia alguna.

Tras la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Cádiz en febrero de 2007, el agente recurrió en casación ante el Tribunal Supremo alegando indefensión, ya que la Audiencia de Cádiz rechazó la práctica de una serie de diligencias solicitadas por su abogado defensor a tan sólo dos días de la celebración del juicio, cuando con anterioridad el tribunal sí las había admitido. Esta negativa se justificó después por considerar la Audiencia, tal y como ratificó después el Tribunal Supremo, que las diligencias que se habían solicitado eran "desproporcionadas" y hubiesen aportado a la causa "una extensa documentación intrascendente para el esclarecimiento de los hechos, lo que habría de postergar innecesariamente el acto de enjuiciamiento".

La familia del guardia civil sigue defendiendo su inocencia y afirma que no recurrió ante el Tribunal Constitucional por falta de medios económicos. El agente ya ha cumplido los tres años de inhabilitación que recogía su condena y este domingo tendrá que ingresar en prisión al haberle sido denegado el indulto, la última esperanza que tenía ahora la familia ya que como dicen "se conceden indultos por delitos mucho más graves. En los últimos meses hemos conocido dos indultos a personas condenadas por homicidio", señalan. La mujer del agente, Vicenta Sellés, cree que su marido ha sido objeto de "una confabulación" y denuncia las "presiones" que sufrieron los compañeros cuyas firmas también se plasmaban en los boletines de denuncia para que no declarasen a su favor en el juicio.