La Junta derriba una vivienda ilegal en Barbate y cierra tres parcelas en suelo rústico
La Consejería de Fomento actúa después de que el propietario rompiera el precinto y siguiera construyendo pese a la orden de suspensión dictada
El Ayuntamiento de Chiclana ordenó más de 20 demoliciones en suelo rústico en 2025
La Junta de Andalucía ha llevado a cabo este miércoles la demolición de una casa ilegal y tres cerramientos perimetrales de parcelas que actualmente carecen de edificaciones en la zona de la Ribera de la Oliva, en Barbate. El operativo de la inspección urbanística de la Junta de Andalucía se ha realizado sobre una edificación que estaba en construcción en suelo rústico y que ya fue precintada en su día, aunque posteriormente el propietario rompió el precinto y siguió construyendo, desoyendo la orden de suspensión dictada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.
Según ha informado la Junta, este operativo se ha desarrollado con normalidad y se ha efectuado en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, conformadas por unidades de la Policía Local de la localidad, Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía y por efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil en la propia localidad de Barbate.
Las demoliciones fueron ordenadas tras tramitar los correspondientes expedientes de restablecimiento de la legalidad territorial, contando con la pertinente autorización judicial de entrada para la demolición de la vivienda.
Crecimiento de la venta de parcelas en la zona
La intervención de la Consejería de Fomento parte de una solicitud del Ayuntamiento de Barbate, que en 2021 puso de manifiesto la situación irregular de la zona y su falta de medios personales para actuar, solicitando auxilio a la inspección autonómica. Esta detectó un alarmante crecimiento de la venta de parcelas en la zona y la implantación de mobil homes, todas ellas con fosas sépticas o vertidos fecales directamente a las marismas de la localidad.
En este contexto, la inspección urbanística realizó una primera visita de inspección al lugar de los hechos en diciembre de 2021, en la que se detectaron múltiples edificaciones en construcción que no tenían licencia urbanística, y que resultaban ilegales e ilegalizables. Desde la fecha, se han tramitado más de cien expedientes de protección de la legalidad y otros tantos sancionadores frente a edificaciones ilegales.
Investigaciones penales
En paralelo a las actuaciones que la Junta de Andalucía viene desarrollando, en el ámbito administrativo, también se están realizando procedimientos de tipo penal. Así, la Fiscalía especializada en delitos sobre el medio ambiente y el urbanismo ha incoado múltiples diligencias de investigación penal, ya que la construcción en suelo rústico sin licencia urbanística puede dar lugar a la comisión de delitos sobre la ordenación del territorio y urbanismo. Como consecuencia, la Fiscalía provincial de Cádiz ha remitido denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Cádiz en relación con todas las viviendas que se están construyendo en las parcelaciones denunciadas.
La inspección autonómica persigue frenar el proceso de ocupación ilegal de un territorio sobre el que pesan decenas de órdenes de demolición. Con ello, la Consejería de Fomento está evitando el daño medioambiental que provoca la cantidad de residuos humanos vertidos de forma descontrolada por las edificaciones ilegales recientemente construidas.
Esta intervención se ha llevado a cabo al amparo del marco normativo que la Junta de Andalucía ha generado la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y su reglamento, que ha supuesto unrefuerzo de la inspección autonómica, que ahora sí puede ejercer competencias directas frente a infracciones de carácter territorial en suelo rústico. Este cambio le permite actuar de manera preventiva y aumentar el número de actuaciones para preservar el territorio.
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