La presidenta del Consejo Andaluz de Trabajadores Sociales, Ana Muñoz, también ofrece su opinión sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

En primer lugar matiza que “ni racionaliza ni es sostenible”. “No se puede entender como racional la pérdida de derechos, ni es sostenible en tanto deja a la ciudadanía sin servicios que se han consolidado en las corporaciones locales en los últimos 30 años; no es sostenible en un país avanzado y moderno no atender las necesidades sociales de las personas desde el nivel de la administración pública más cercano a su cotidianeidad: los ayuntamientos”. La presidenta se muestra tajante: “¿Qué pensaríamos si una persona enferma se quedara sin atención sanitaria o un niño no dispusiera de una escuela a la que acudir? Igual de aberrante es eliminar los servicios sociales comunitarios”.

Ana Muñoz considera que si las competencias en materia de servicios sociales pasan a las comunidades autónomas, el temor está en que éstas no podrán hacerse cargo de todo el sistema, “al menos tal y como está configurado hoy día, contando con una de las mejores redes de servicios sociales con profesionales en todos los municipios y trabajadores sociales en todos los ayuntamientos que forman equipo con educadores sociales y psicólogos que dan cobertura a una amplia problemática social.”.

La responsable del consejo andaluz lo ve claro: “Esta reforma conlleva la desprotección de toda la población andaluza, no sólo de los que están en situación de riesgo. Una necesidad social no satisfecha deriva en un problema social, y los problemas sociales enferman a la sociedad en su conjunto, no sólo a las personas que los sufren en primera persona”. Muñoz reitera que “dejando a los ayuntamientos solamente la ‘evaluación de necesidades de urgencia social’ se está abocando a las familias a la ayuda caritativa y graciable y, sobre todo, no profesionalizada. Es como si en el epicentro de una epidemia se abandonara a las personas a la suerte en lugar de reforzar las atenciones”.

Y concluye: “Desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social siempre hemos apostado por la garantía y defensa de los valores constitucionales; eliminar los servicios sociales municipales es volver a la beneficencia que se erradicó del texto constitucional y nuestra organización, indiscutiblemente, no comparte esta merma de derechos.