El Juzgado de lo Social número 1 de Cádiz ha reconocido el despido improcedente por parte de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) de un trabajador interino del Plan Infoca excluido de la bolsa de trabajo tras solicitar una excedencia para ejercer como profesor.

De esta forma, el juez ordena que el trabajador sea readmitido en el plazo de cinco días con el abono de los salarios de tramitación, o que lo indemnice con 2.806,03 euros, y condena además a AMAYA al pago de 612,27 euros, con un 10 % de recargo, por las vacaciones no disfrutadas por éste.

La sentencia, consultada por EFE, señala que el demandante ha prestado sus servicios a jornada completa como bombero forestal especialista en prevención y extinción de incendios forestales en Alcalá de los Gazules (Cádiz) el Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) de Algodonales (Cádiz).

El fallo apunta que fue contratado como eventual del 1 de junio al 15 de octubre de 2021 y por "circunstancias de producción" durante ese mismo periodo, con un contrato prorrogado del 16 al 31 de octubre de 2021.

Además, tuvo dos contratos como interino para sustituir a dos bomberos en incapacidad temporal, uno firmado el 26 de mayo de 2022 y otro el 11 de junio de dicho año. En el último caso, se estipulaba que la duración prevista, en caso de no reincorporarse la persona de baja, sería el fin de la temporada de alto peligro, el 15 de octubre.

Posteriormente, este contrato fue fruto de una modificación a partir de un requerimiento de CCOO, que se negó a firmar el demandante, quien en septiembre de 2022 pidió la excedencia voluntaria debido a su incorporación como profesor especialista para el curso 2022/23 en la Región de Murcia.

AMAYA denegó esta excedencia por incompatibilidad, por lo que el 14 de octubre de 2022 el demandante comunicó su intención de finalizar el contrato. Sin embargo, se le trasladó que debido al cambio de contrato que no había firmado, la relación laboral con el CEDEFO debía extenderse hasta que se incorporase el trabajador sustituido.

Unos días más tarde el trabajador entregó sus EPI y no se incorporó a su puesto los días 16, 17, 17, 22 y 28 de octubre, por lo que se le remitió un burofax para que justificase sus ausencias, y fue apercibido de un posible expediente sancionador.

El hombre comunicó que su relación laboral estaba "extinguida" y que con esta insistencia "se le estaba coaccionando", por lo que a final de dicho mes se comunicó a la Seguridad Social la baja voluntaria de éste.

El 24 de abril se comunicó al demandante que había sido excluido de la bolsa para completar el dispositivo de la campaña del Plan Infoca para 2023, por lo que éste presentó una demanda de reconocimiento de derecho como trabajador fijo a tiempo completo.

El juez afirma que en este caso hay "una contratación temporal fraudulenta representada por los dos primeros contratos que vicia los restantes concertados".

"En realidad nos encontramos ante la calificación de un trabajador como indefinido no fijo discontinuo", apunta sobre este bombero, que ha estado representado por el letrado y representante del Sindicato Nacional de Trabajadores en Fraude (SINTEF), Manuel Martos García.