La Delegación Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vejer que preside el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Daniel Sánchez, ha dado a conocer una iniciativa que pretende impulsar la conservación, restauración y puesta en valor del casco histórico del municipio con la creación de una nueva subvención, que se pondrá en marcha el próximo año, y que "ayudará a fomentar y facilitar económicamente la construcción y rehabilitación de viviendas en el casco antiguo".

Según ha explicado Sánchez, "la idea es fomentar el casco histórico artístico de nuestro pueblo como lugar de residencia, por ello hemos creado esta ayuda económica que potenciará las viviendas en la zona histórica, subvencionando determinados trámites y gastos administrativos".

A esta nueva subvención, que se prevé poner en marcha el año próximo, según se apunta, podrán acogerse los propietarios o arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen las instalaciones o se ejecute la obra.

Asimismo, tendrán la condición de sustituto del contribuyente los constructores y contratistas de las obras.

Así, las personas interesadas deberán presentar en el Registro General del Consistorio una solicitud, acogiéndose a la convocatoria de subvenciones que tendrá unos plazos determinados y que desde el Ayuntamiento vejeriego se difundirá públicamente para conocimiento general de toda la ciudadanía.

Por otro lado, según destacó Daniel Sánchez, "se atenderán todas las solicitudes que se reciban en la Delegación Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente para subvencionar hasta un 95 % del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO), para actuaciones que se lleven a cabo en el casco histórico", una posibilidad que, "recogen las ordenanzas atendiendo a circunstancias sociales, culturales o históricas con el único objetivo de darle a nuestro casco histórico, la vida y el valor que se merecen".

El ICIO es un impuesto cuya regulación se ha visto complementada por la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, por lo que se trata de un impuesto de construcción jurisdiccional.