El Gobierno local reaccionó ayer ante la polémica entre la Junta de Andalucía y Ecologistas en Acción en relación al funcionamiento de la Depuradora de Sanlúcar y los vertidos de aguas residuales en las playas aseverando que "la institución que sí se ha preocupado por abordar estos asuntos ha sido el Ayuntamiento, cuya alcaldesa, Irene García, ha venido trabajando desde 2007 para mejorar las redes de saneamiento de la ciudad y los aliviaderos de aguas pluviales de la costa", afrontando así "una problemática heredada".

De acuerdo con su versión, el Gobierno municipal "en aras de no demorar más la solución a un problema para el que los sanluqueños demandan una solución desde hace años, ha optado por destinar más de un millón de euros de los fondos del Plan E para la construcción de un tanque de tormentas en el principal arroyo de la ciudad que desemboca en la playa, en el tramo final de La Calzada de la Infanta, y corregir ese aliviadero", aparte de "otras muchas obras acometidas en los dos últimos años en Sanlúcar con cargo a fondos estatales y autonómicos para acabar con problemas de inundaciones de diversos puntos de la localidad y mejorar canalizaciones subterráneas".

En cuanto al expediente sancionador que, según informó días atrás la delegada provincial de Medio Ambiente, Silvia López, "está tramitando" la Junta contra el Ayuntamiento ante "el vertido de aguas residuales por la conducción de desagüe Cabo Noval", el Gobierno local aseguró que "se han presentado las correspondientes alegaciones, en las que además de dar cuenta de la continua labor de control e inspección de los aliviaderos, se lamenta que se haya instado a elaborar dicho expediente sin tener ni siquiera una fotografía o una toma del supuesto vertido que sirva para demostrar su existencia".

En ese informe municipal que solicita el archivo del expediente "se explica que la denuncia del supuesto vertido se produjo coincidiendo con las lluvias, sin que la estación de bombeo de Bajo de Guía donde se realizan los controles detectase incidencia alguna y después de que en días anteriores se produjesen episodios de intrusión marina en los aliviaderos coincidiendo con grandes mareas, quedando algunas zonas encharcadas". Con todo, aduce que ese aliviadero "tiene autorización de la propia Junta para el vertido de aguas mixtas al provenir de un red unitaria".

Según el Gobierno local, "los problemas derivados de contar con un red de este tipo no se solucionan con expedientes sancionadores, sino con un posicionamiento de colaboración y lealtad institucional entre las administraciones que permita hallar fórmulas para atajarlos". "Además, si el posicionamiento de la Junta es sancionar vertidos, debería explicar porqué no se sanciona a las localidades que no tienen depuradoras y que vierten sus aguas al río, vertidos que acaban en nuestras playas", añadió.

Acerca de la Depuradora, arguyó que en marzo la citada delegación provincial "aprobó el proyecto de obras de mejora para evitar nuevos episodios de fugas, mientras que las gestiones de la alcaldesa ante la Consejería daban como resultado el compromiso de trasladar dichas instalaciones a unos terrenos de La Algaida puestos a disposición de la Junta por parte del Ayuntamiento".