El Juzgado de la Social número 2 de Cádiz ha condenado a la empresa Navantia, sucesora de Astilleros Españoles S.A., a pagar una indemnización a la viuda y a los dos hijos de un trabajador que falleció en 2009 a causa de un cáncer derivado de la exposición a polvo de amianto en los diques gaditanos entre los años 1956 y 1969. La sentencia es la primera condenatoria contra Navantia por los casos de enfermedades pulmonares de tardío desarrollo en personal de la Bahía. Una veintena de trabajadores ha perdido la vida en la comarca por estas patologías causadas por el amianto. Hay otros 70 afectados más y un informe de Comisiones Obreras cifra en 10.500 el mínimo de operarios que estuvieron en contacto con esta fibra natural sin las medidas de protección adecuadas.

Joaquín Otero Trujillo fue soldador en los astilleros de Cádiz y Puerto Real en las décadas de los 50 y 60. Realizaba su actividad en espacios cerrados, a veces, junto a quienes manipulaban productos de amianto, cuyas fibras son letales para la salud. Esta exposición provocó que, a finales de 2007, enfermara de mesotelioma de pleura, un tipo de cáncer en el que las células cancerosas invaden el tejido que reviste los pulmones. La enfermedad le costó la vida en febrero de 2009.

La sentencia dictada el pasado miércoles por el Juzgado de lo Social considera probado que la dolencia del trabajador estuvo causada directamente por la exposición al amianto en los años de desempeño en Astilleros Españoles (hoy, Navantia) y condena a Navantia a pagar 80.000 euros a su viuda y 8.615 a cada uno de sus dos hijos en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

El magistrado Eloy Hernández sostiene además que entre 1956 y 1964 se conocía "perfectamente" la peligrosidad del amianto para la salud de los trabajadores expuestos al radio de acción de su polvo y observa que la compañía no adoptó las medidas de prevención de riesgos y de seguridad adecuadas para evitar estos riesgos. "La empresa demandada conocía ese elemento nocivo y así aparece claramente en su normativa interna, por ello, descartando conducta intencional, considero probado que no se alcanzó el nivel exigible de protección a pesar de la evolución de conocimientos de cada momento histórico. Sin llegar a culpa objetiva, no hubo prevención y precaución adecuadas a esa actividad productiva con amianto", anota.

La familia demandante ha sido defendida jurídicamente por el despacho Dávila y Asociados, dirigido por el letrado gaditano Ramón Dávila, que ha presentado numerosas demandas similares a la ahora resuelta. Dávila señaló ayer que, según su conocimiento, es la primera sentencia condenatoria contra Navantia por los casos de asbestosis y otras dolencias pulmonares derivadas de la exposición al amianto en los astilleros de la Bahía, aunque hay varios procesos judiciales abiertos desde hace años. "La sentencia pone de relieve un drama social de gran dimensión que hasta ahora se ha silenciado en la zona, donde ha faltado una política de control de las condiciones de trabajo, primero, y donde después no ha habido un seguimiento adecuado por parte de las empresas y de las adminsitraciones públicas", opinó Ramón Dávila.

Comisiones Obreras, en colaboración con Navantia, presentó a la Junta en 2010 un registro con los datos de los más de 10.000 trabajadores de los astilleros gaditanos que estuvieron expuestos al amianto durante desde 1960 hasta las primeras resticciones sobre su uso, en 1982 (este material no fue prohibido en la industria hasta 2002). La administración sanitaria realiza controles periódicos a los trabajadores jubilados, mientras que Navantia hace lo propio con los que aún están en activo (medio millar). En contraposición, no hay ni siquiera una aproximación al número de empleados de la industia auxiliar de astilleros que también pudieron verse expuestos al polvo mortal.