La Asociación Gaditana de Emigrantes Retornados (Agader) lleva más de tres años de batalla legal contra su antiguo presidente, Mariano Chaves Núñez, quien tras ser expulsado de la entidad acusó a la directiva actual -y a su presidente, Fernando Herruzo- de malversación de caudales públicos, prevaricación y entrega de facturas fraudulentas en distintas administraciones.

Ninguna de estas duras acusaciones vertidas contra la asociación ha sido probada durante el jucio, por lo que el juez ha condenado a Mariano Chaves por un delito de calumnia por escrito y con publicidad a la pena de un año de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de todas las costas procesales. Además, tendrá que hacer frente a una indemnización de 10.000 euros más intereses a Fernando Herruzo Ojeda, el actual presidente de Agader

La sentencia, con fecha del pasado 21 de mayo, ha sido recurrida por el ex presidente. Agader, no obstante, ha mostrado su satisfacción por el contenido de un fallo que, además, supone para la entidad el punto final a un arduo proceso que les ha afectado seriamente. El propio juez, en la sentencia, habla así del evidente desgaste emocional que esta "batalla legal no deseada" ha supuesto para el colectivo, su directiva y, especialmente, para su presidente actual.

Agader, de hecho, ha visto gravemente dañada su imagen durante todo este tiempo y ha sufrido las consecuencias de estas duras acusaciones, que han llegado incluso en algunos casos a paralizar la concesión de subvenciones que esta entidad tramita para los emigrantes retornados de toda la provincia (actualmente gestiona unos 2.000 expedientes).

El ex presidente, ahora condenado por un delito de calumnia, orquestó durante el año 2006 toda una campaña contra la junta directiva de la asociación en la que denunciaba la desaparición de 87.098,64 euros durante el relevo en la presidencia de la entidad que se produjo en 2002, tras su marcha al frente de la entidad.

Mariano Chaves remitió entonces a diferentes administraciones -entre ellas al Delegación Provincial de Gobernación en Cádiz- escritos en los que advertía de la desaparición de dichos 87.098,64 euros, "procedentes -según él- de subvenciones públicas de distintas administraciones". Al mismo tiempo advertía de la utilización de "facturas fraudulentas" y aseguraba tener en su poder "documentos e información del lugar donde se encuentran las facturas falsas, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad de documentación facilitada a la Administración pública".

Dicho escrito también se remitió a asociaciones de emigrantes de toda Andalucía y, del mismo modo, se imprimió y divulgó un panfleto que se buzoneó entre los asociados y en el que se advertía de la desaparición de tal cantidad de dinero.

Durante el proceso legal, Agader ha acreditado la corrección de sus cuentas, que además -afirman- se aprueban todos los años en la asamblea anual. Los 87.098,64 euros cuya desaparición denunciaba Mariano Chaves, tal y como reconoce la sentencia al valorar las pruebas aportadas, no son tales: "el estado de cuentas de la asociación establece con claridad la división entre lo que eran facturas acreditativas de las subvenciones recibidas de diversos organismos por un importe total de 44.578,40 euros y el saldo existente en el momento, que ascendía a 42.520,14 euros", señala la sentencia. Además, asegura que el ex presidente tenía pleno conocimiento del estado de cuentas y de dicha distinción.