La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a los tres procesados por el caso de la perrera de Puerto Real, en cuyas instalaciones -según el tribunal- se practicaban eutanasias animales “agónicas” e “insufribles” mediante el uso de un relajante muscular denominado Mioflex . De ahí que el dueño de El Refugio, la directora y un veterinario del centro hayan sido considerados autores de un delito de maltrato animal, por el que se les has impuesto la pena de tres meses y 22 días de prisión así como la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión que tenga relación con los animales durante un año.

La resolución de la Audiencia de Cádiz llega un año después de que los tres encausados fuesen absueltos en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz. En esa ocasión, el juez consideró que el dueño de El Refugio, la directora y el veterinario no buscaron de manera intencionada el sufrimiento de los animales mientras los sacrificaban.

Esta primera sentencia fue recurrida tanto por la fiscal del caso, Patricia Navarro, como por las acusaciones particulares ejercidas por la asociación homónima Bienestar Animal El Refugio y por una pareja de italianos que alojaron a sus perros en las instalaciones puertorrealeñas en régimen de residencia durante un fin de semana, si bien, a su vuelta, encontraron que sus mascotas habían sido sacrificadas.

Ahora, el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia revoca la decisión del magistrado titular del Penal 4, Julio Serrano, y concluye en una nueva sentencia que los tres procesados aplicaron Mioflex con el objetivo de “abaratar” y “simplificar” las eutanasias animales, siendo además conocedores de que este relajante no pautado provocaba en los ejemplares “una muerte agónica e insufrible”.

“Hoy es un día importante para la protección animal”, explica en un comunicado la protectora El Refugio. “Llevamos once años esperando a que los tres implicados en este asunto sean condenados por maltrato animal y hoy lo hemos conseguido”.

El caso de la perrera de Puerto Real, bautizada como la “perrera de los horrores”, se inició en junio de 2007, cuando la mencionada protectora denunció los hechos ante el Seprona. “Por primera vez en España logramos el cierre de una perrera”, asegura Nacho Paunero, presidente de la entidad.