Los otros seis ediles de Arcos imputados por enchufismo también se niegan a declarar

Los concejales de PP y AI-Pro siguen la misma estrategia procesal del alcalde y su socio de gobierno

El delegado municipal de Cultura, Domingo González, entrando ayer en los Juzgados de Arcos seguido del concejal de Hacienda, Carlos de la Barrera.
El delegado municipal de Cultura, Domingo González, entrando ayer en los Juzgados de Arcos seguido del concejal de Hacienda, Carlos de la Barrera.
Redacción Cádiz

24 de enero 2015 - 05:01

Ninguno de los seis concejales del equipo de gobierno de Arcos que fueron ayer citados a declarar en calidad de imputados quiso dar su versión ante el juez que investiga una denuncia por un supuesto caso de enchufismo continuado en este Ayuntamiento presentada a título particular por el concejal socialista Joaquín Macías. Estos seis concejales, que pertenecen tanto al PP como al partido Alternativa Independiente-Progresistas (AI-Pro), están imputados por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, al igual que el alcalde, José Luis Núñez; su socio de gobierno, Manuel Erdozain; y el delegado municipal de Infraestructuras, Obras y Servicios, el también senador por el PP Sebastián Ruiz. Hasta ahora, ninguno de estos nueve ediles imputados ha querido declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos que lleva el caso.

Los concejales que ayer fueron citados, y que se acogieron a su derecho a no declarar, eran Carlos de la Barrera (Hacienda), Juana María Morales (Asuntos Sociales), Domingo Gonzáez (Cultura), Manuel Romero (Turismo), Francisco Muñoz (Medio Ambiente) y Petra Macías (Delegación de Jedula). Los tres primeros pertecen al PP y los otros tres, a AI-Pro.

La querella contra ellos fue presentada en septiembre del año pasado por el concejal socialista Joaquín Macías, quien les acusa de propiciar un caso de enchufismo generalizado en el Ayuntamiento arcense desde que a mediados de 2011 el PSOE fuera apartado de la Alcaldía de este municipio. En concreto, y según consa en la denuncia inicial, el gobierno municipal que conforman el PP y AI-Pro llegaron a contratar a 24 allegados como trabajadores municipales sin que existiera convocatoria pública y proceso de selección. A los ediles del PP se les acusa de contratar a familiares, mientras que a los concejales de AI-Pro se les ha denunciado por emplear a compañeros de partido que conformaban la candidatura con la que esta formación concurrió a las elecciones municipales de 2011.

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