La Asociación Nacional de Adopciones Irregulares (Anadir) considera positivo que la Fiscalía General del Estado haya decidido no abrir una causa única para investigar los casos de bebés robados e instar a los demandantes a que presenten denuncias individuales en los lugares donde se hayan producido los supuestos delitos. La isleña Chary Herrera, portavoz de Anadir en Andalucía, explicó ayer que aún no tienen notificación oficial de la Fiscalía pero que, en todo caso, creen que se trata de una decisión que deja una puerta abierta a la investigación, que no cierra las posibilidades de indagar y que, por tanto, es una buena noticia.

El departamento dirigido por Cándido Conde-Pumpido ha justificado su decisión en que los responsables de las sustracciones, llevadas a cabo en clínicas de toda España desde la década de los 40 hasta mediados de los 80, no integraban una única organización, sino que operaban en distintos puntos del territorio nacional.

Anadir presentó el pasado jueves ante la Fiscalía General del Estado una demanda colectiva que agrupaba a más de 200 afectados por las tramas de niños robados.

Los miembros de la asociación, representada por el abogado Enrique Vila, acudieron a la sede de la Fiscalía portando pancartas en las que denunciaban la existencia de unos 30.000 casos relativos a la sustracción de niños recién nacidos en diversas clínicas, a cuyos progenitores se les comunicaba su fallecimiento, y que eran entregados a otras familias previa falsificación de los documentos necesarios. Veinte familias de Cádiz, Puerto Real, El Puerto, San Fernando, Arcos, Bornos, Chipiona y Benalup-Casas Viejas, acudieron a Madrid al haber suscrito la denuncia colectiva auspiciada por Anadir. Al frente de la comitiva gaditana iba Chary Herrera, que busca a su hermana.

El presidente de Anadir, Antonio Barroso, explicó entonces que entre los culpables de los robos de bebés se encuentran "médicos, matronas, enfermeras, curas, monjas, funcionarios del registro civil e incluso personal de los cementerios" y que las sustracciones se efectuaron "en todas las comunidades autónomas". Indicó, además, que la asociación considera que los delitos cometidos por los implicados en las tramas no han prescrito a pesar del tiempo transcurrido.