Los trabajadores de las cuatro almadrabas gaditanas han reclamado al Gobierno de la nación que no les "escatime" cuota, ya que se encuentran "al límite de la supervivencia" y "cada kilo de atún cuenta". Y es que, según destacaron ayer, a la ausencia este año de la campaña científica del IEO que ha venido dando oxígeno al sector en las últimas temporadas, se suma el pretendido aumento del porcentaje de reserva (hasta el 4%) por parte del Gobierno, lo cual impediría a las almadrabas beneficiarse del incremento de la cuota que, aunque "pequeño todavía", ha sido aprobado por la Iccat (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico) tras constatarse una mejoría en la especie.

Así lo explicó ayer a Europa Press en nombre de los empleados de las cuatro almadrabas gaditanas el presidente del comité de empresa de la de Tarifa, Luciano Muriel, quien destacó el hecho de que la campaña podría comenzar "en cuestión de unos cinco días" y "ni siquiera sabemos aún la cuota definitiva". Esto es porque el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aún está estudiando las alegaciones presentadas a la Orden que regulará el reparto definitivo de la cuota y, en cuyo borrador se recoge el aumento de la reserva (del 3 al 4%) y se ponen "trabas" a la venta de cuota por parte de otras pesquerías, puesto que "tendrían que venderla entera". Entienden que eso provocaría que, por ejemplo, los pescadores del País Vasco no transfieran parte de sus toneladas como hicieran el año pasado "por miedo a crear un precedente que implique perderlo todo de cara a la próxima campaña".

Ante este cúmulo de circunstancias, los almadraberos han recurrido a la Plataforma de Alcaldes creada en su día para la defensa del sector y también a la Junta de Andalucía que, aunque no tiene las competencias en la materia, "sí debe ayudarnos a presionar ante el Ministerio como defensora de los intereses de esta tierra y de su economía".

En este sentido, indicó que han establecido contacto con la secretaria general de Pesca y Agricultura de la Junta de Andalucía, Margarita Pérez, quien se ha comprometido a tener una cita con el sector para escuchar sus reivindicaciones y les ha confirmado que también se han presentado desde la Administración andaluza alegaciones al borrador de la antes citada Orden Ministerial.