Alrededor de 150 personas, entre alcaldes y técnicos de los 44 ayuntamientos gaditanos y de Diputación se han reunido este jueves en la Delegación del Gobierno andaluz, donde el delegado de la Junta en Cádiz, Manuel Jiménez Barrios; el director general de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Daniel Fernández y la secretaria general de Ordenación del Territorio, Gloria Vega, han protagonizado una jornada informativa para profundizar sobre el nuevo decreto de regularización de viviendas en suelo no urbanizable.

En el mismo encuentro también se han abordado las modificaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) recientemente aprobadas por el Parlamento andaluz, y publicadas este miércoles en BOJA, y al referido decreto que regula las edificaciones construidas en suelo no urbanizable, aprobado por el Consejo de Gobierno el mes pasado, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Con respecto a las modificaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Daniel Fernández ha incidido en que la nueva normativa supondrá una "simplificación" de la tramitación de los planes urbanísticos en los suelos urbanos, un "mayor reconocimiento" de los derechos de los ciudadanos y un "refuerzo" de los principios de participación pública, transparencia y publicidad en la elaboración del planeamiento urbano. 

Asimismo, ha añadido que dinamizará la actividad urbanística en el interior de la 'ciudad construida' y logrará una mayor adecuación entre los planes urbanísticos y los planes municipales de vivienda y suelo.

En su intervención, el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz ha destacado la importancia que tienen los ayuntamientos en la aplicación de dicho decreto, un instrumento con el que la Junta de Andalucía pretende "afrontar con valentía política una realidad que no solo se da en esta provincia, sino en las del resto de Andalucía y en España, en vez de mirar a otro lado". Con ello pretenden regularizar, "que no legalizar", aquellas construcciones levantadas en suelo no urbanizable.

Por su parte, Gloria Vega ha manifestado que con el decreto no se pretende regularizar la situación de construcciones ilegales "de forma indiscriminada", sino dar una respuesta, "cuando sea posible", en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en función de las circunstancias físicas y jurídicas de cada caso particular.

Así, dependiendo de cada situación, las viviendas que no se pueden demoler tendrán la posibilidad de obtener una licencia de ocupación, o bien de ser reconocidas como asimiladas a fuera de ordenación para poder mantener su estado actual y acceder a los servicios básicos de luz y agua. Con ello "se busca dar una respuesta a una situación en la que la reposición de la realidad física alterada ha prescrito".

En el encuentro los asistentes han formulado dudas y casos concretos sobre situaciones que se dan en sus respectivos términos municipales. El debate se ha iniciado después de la exposición del decreto de regulación de las edificaciones en suelo no urbanizable por parte del subdirector de Ordenación del Territorio, Manuel Burraco.