La Audiencia Provincial de Cádiz ha absuelto a los tres acusados de estafa en la venta de una vivienda ilegal en Chiclana en 2006. El fiscal pidió dos años y medio de prisión para cada uno. El tribunal considera, tal como planteó la defensa, que no hubo engaño alguno ya que el comprador de la casa conocía las circunstancias urbanísticas del inmueble. Esto es, que sabía que la vivienda que adquiría había sido construida sin licencia, que carecía de licencia de primera ocupación y que estaba en una parcela ubicada en suelo urbanizable sectorizado, pero no urbano consolidado.

El comprador aseguró en el juicio, celebrado el mes pasado en la Sección Primera, que no hubiese adquirido la vivienda si llega a saber que no era legal. Y afirmó que los procesados no se lo advirtieron, que le ocultaron que no era cierto lo que decía la nota simple del Registro de la Propiedad. Ese documento señalaba que la vivienda estaba construida en suelo urbano.

El tribunal no creyó al comprador. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Gracia Sanz, explica que el hombre, un asesor fiscal con despacho en Cádiz, no tuvo un comportamiento "lógico y coherente" con esa afirmación suya de que él no se hubiese metido en la compra de una vivienda ilegal. Entre otras cosas, señala la resolución, porque "muy poco tiempo después" de renunciar a continuar con la compra y reclamar que le devolviesen los 30.000 euros que había entregado (tras saber que pesaba un expediente sancionador sobre la casa), adquirió otra vivienda ilegal en la misma zona.

Se dio entonces la "sorprendente circunstancia", anota la sentencia, de que cuando compró esa otra vivienda no le preguntó al vendedor si contaba con licencia de obra mayor o licencia de primera ocupación ni se molestó en acudir al Ayuntamiento para comprobarlo, "pues le bastó con saber que contaba con suministro eléctrico individual".

"Lo más sorprendente", agrega el tribunal, "es que tampoco se cercioró de si la vivienda en cuestión que finalmente adquirió, por un precio declarado de sólo 100.000 euros, estaba sujeta a algún expediente sancionador, lo que es ciertamente desconcertante en alguien que acaba de descubrir el supuesto engaño al que ha sido sometido".

A los acusados los defendieron los abogados Jaime de Vicente Martín de Oliva y José Antonio Alonso de la Sierra. Uno de los procesados absueltos era entonces, cuando se produjo la venta, agente inmobiliario. Ahora está jubilado. En el juicio explicó que el comprador sabía perfectamente lo que estaba comprando, que no fue engañado en ningún momento. Dijo también que en el Registro de la Propiedad figuraba la casa como levantada en suelo urbano pero que no dio importancia a ese detalle, que ocurría en montones de notas simples. La sentencia menciona que la vivienda fue inscrita en el Registro mediante una declaración de obra nueva, "mecanismo muy usual por aquellas fechas". Pero no entra en nada más sobre cómo se hizo eso.