La Audiencia Provincial de Cádiz ha absuelto a Eva Corrales y a Lorenzo Sánchez, ambos ex alcaldes de Rota, por el caso Convenios Urbanísticos, un asunto que sentó a sendos ex regidores roteños en el banquillo acusados de adjudicar entre 2007 y 2011 obras públicas de manera arbitraria a un promotor roteño, Felipe Castellano, que también ha quedado exculpado en esta causa. 

En este procedimiento, la Fiscalía solicitó cuatro años de prisión para el que fue líder de Roteños Unidos. Para Corrales, concejal delegada de Planeamiento por el Partido Popular cuando ocurrieron los hechos enjuiciados, el fiscal pidió 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Para el empresario Felipe Castellano, procesado por un delito de cohecho activo, la acusación pública planteó cuatro años de prisión. Todos han quedado absueltos.

Es más, el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Cádiz, que solo ha hecho público el fallo de la sentencia a la espera de su redacción completa, ha exculpado a todos los encausados en este caso, que son, además de Corrales, Sánchez y Castellano, Juan Carlos Utrera, secretario del Consistorio roteño a la fecha de los hechos; José Antonio Cutilla, ex coordinador de la Oficina de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Rota; Ismael Puyana, concejal delegado de Fiestas entre 2007 y 2008; Sonia Rodríguez, su pareja; Rosario Pacheco, la esposa de Lorenzo Sánchez; e Isidro Martín Bejarano, considerado por la Fiscalía un hombre de paja en la supuesta trama.

Así, Lorenzo Sánchez ha sido absuelto de un delito continuado de prevaricación, de un delito continuado de cohecho pasivo y de un delito de falsedad en documento mercantil, en este último caso, por prescripción. Por su parte, Eva Corrales, ex alcaldesa de Rota por el Partido Popular, ha sido absuelta de un delito continuado de prevaricación y de un delito de falsedad en documento mercantil también por prescripción.

El fallo impone a la acusación popular, ejercida por el PSOE de Rota, el pago de las costas ocasionadas a Felipe Castellano por la necesidad de defenderse de los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude de subvenciones que solo el PSOE le atribuía. 

El juicio por el caso Convenios Urbanísticos arrancó el pasado mes de marzo, si bien se vio interrumpido por el decreto del estado de alarma motivado por la crisis sanitaria del coronavirus. La vista oral oral se reanudó en julio, una vez que la actividad judicial recobró el pulso tras el parón sufrido en los peores meses de la pandemia, cuando solo se mantuvieron los servicios esenciales.

En su declaración, Sánchez y Corrales vinieron a decir que suscribieron tres convenios urbanísticos para la construcción de varios viales, un polígono industrial, un colegio y un centro de salud confiando plenamente en la legalidad jurídica y política de los mismos y en la labor de los técnicos municipales, a los que atribuyeron la responsabilidad última.

Los dos ex alcaldes admitieron en el juicio que estos acuerdos se aprobaron inicialmente sin los informes preceptivos de Urbanismo, Intervención y Planeamiento, aunque dieron órdenes para que se adjuntaran posteriormente al expediente.

Lorenzo Sánchez habló de “una cuestión de oportunidad”. “El objetivo de uno de los convenios era desarrollar un polígono industrial. Hacía 15 años que no se construía una nave en Rota. Nadie le metía mano a este asunto desde 2007 pese a ser una demanda ciudadana”, aseveró el ex regidor de RRUU.

Bajo el paraguas de esta misma línea defensiva, la ex alcaldesa del Partido Popular, a la fecha de los hechos concejala de Planeamiento, apostilló que el convenio para la construcción de las naves nido se aprobó por vía de urgencia “para no perder las ayudas Reindus” a las que estaba ligado. “No ocultamos nada ni a Industria ni al Gobierno. Tuvieron constancias de todo lo que hicimos”.

Lorenzo Sánchez tiene otra causa pendiente con la Justicia. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Rota abrió recientemente un nuevo procedimiento a Lorenzo Sánchez por los delitos de malversación, prevaricación y fraude a la Administración Pública. El magistrado encargado de la instrucción de este caso considera que Lorenzo Sánchez "ocasionó un quebranto económico al erario público" por importe de 48.739,09 euros al acordar un pago arbitrario a favor de cuatro vecinos que ocupaban ilegalmente unas viviendas en la calle Virgen de las Nieves de la localidad para su desalojo y reubicación en otros inmuebles.