En 2018, un cuaderno parecía poder cambiarlo todo en el Parlamento Europeo. La libreta, que recogía testimonios anónimos de acoso sexual en la institución recopilados por una asistente francesa, se convirtió en un blog que impulsó promesas de cambios en los protocolos para que las víctimas encontraran reparación en el inmenso órgano parlamentario europeo.

Cinco años después, la Eurocámara aprobará este miércoles una resolución en la que reconoce que, pese a movimientos globales como el Me Too, aún existen casos de acoso sexual en las instituciones europeas y que "a las víctimas no se les apoya y protege lo suficiente".

"Los casos de acoso sexual y psicológico siguen sin denunciarse suficientemente en el Parlamento porque las víctimas no utilizan los canales existentes", zanja el texto. Y cita motivos: la vergüenza, el miedo a las represalias, la desconfianza general en cómo se gestionan las denuncias, la falta de un sistema de apoyo a las víctimas o el temor a no ser tomada en serio.

En la teoría, los denunciantes pueden acudir al comité consultivo para las quejas por acoso, que examina los casos escuchando a las dos partes y revisando las pruebas y emite una recomendación para que la presidenta de la Eurocámara decida.

En la práctica, las denuncias registradas son escasas. Según datos recopilados por Efe a comienzos de 2023, la institución acumula al menos 88 denuncias internas por situaciones de acoso psicológico o sexual desde el año 2013 hasta 2021; de ellas, al menos 37 fueron iniciadas por personal hacia eurodiputados y sólo una minoría acabó en sanciones.

Esto no significa, recuerdan víctimas y asociaciones, que el Parlamento sea una excepción a las situaciones de acoso invisibilizadas en todos los ámbitos laborales hasta que el Me Too empezó a borrar un tabú histórico.

Y es que los nombres que han salido a la luz sólo este 2023 entre eurodiputados sancionados e investigaciones abiertas se continúan acumulando: los españoles Mónica González y José Ramón Bauzá, la luxemburguesa Mónica Semedo, la danesa Pernille Weiss, la belga Assita Kanko o la alemana Karolin Braunsberger-Reinhold, entre otros.

"Las víctimas no se sienten seguras para acudir a este comité por varios motivos. Uno es que tienen que contar su historia delante de eurodiputados de quienes se espera que protejan a sus colegas. Hay un desequilibrio de poder entre los asistentes jóvenes y sus eurodiputados, a menudo mayores", explica a Efe una portavoz del movimiento Me Too del Parlamento Europeo.

Escaso apoyo

Desde que sus reivindicaciones se viralizaran en Bruselas gracias al cuaderno convertido en blog en 2018, esta iniciativa ha buscado cambios tangibles para el periplo de las víctimas cuando se deciden a denunciar, como que quienes les escuchen sean psicólogos y especialistas en el área del acoso psicológico y sexual.

También que a la víctima se le ofrezca apoyo desde el minuto uno, con una evaluación de su situación individual para que se le puedan conceder medidas como el teletrabajo o el traslado a otra labor en la institución o fuera si lo desean.

Además, la portavoz de MeTooEP advierte que la escasa proporción de sanciones frente a casos denunciados, así como la cuestionable dureza de la sanción (el máximo son unos 10.000 euros perdidos en dietas y 30 días de suspensión de actividad parlamentaria), hacen que las víctimas sientan que el proceso, el riesgo que conlleva y la inversión de tiempo y salud no merece la pena.

Desde la Eurocámara, un portavoz de prensa recuerda que en 2018 se reformó el funcionamiento del comité consultivo a cargo de las denuncias, se introdujo un "código de comportamiento adecuado" para los diputados y se posibilitó que el contrato de un asistente continuara hasta su finalización original en los casos en que se comprobara acoso por parte de su diputado, entre otras medidas.

También se creó una red de asesores confidenciales para que "cualquier trabajador que se encuentre en una situación de posible acoso que implique a un diputado puede ponerse en contacto con ellos de forma confidencial para solicitar asesoramiento y orientación".

Un portavoz de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, aseguró además a Efe que mejorar la política antiacoso del Parlamento es una prioridad para la maltesa y que ella misma ha encargado a los eurodiputados que lidian con las cuestiones administrativas de la institución (los llamados cuestores) examinar los procedimientos en vigor y sugerir posibles reformas.

"Se les está pidiendo que revisen su propio funcionamiento", avisa la portavoz del Me Too parlamentario, que recuerda que tres de los cinco cuestores forman parte precisamente del comité que lidia con las denuncias a eurodiputados por acoso psicológico y sexual.

La representante de este movimiento no espera "grandes cambios debido a las fuerzas conservadoras" dentro de la Mesa del Parlamento Europeo, pese a la dureza de la resolución parlamentaria en su análisis de que el sistema no funciona y la constatación de que las víctimas no recurren a las vías establecidas.

"Creo que ahora es el único momento que tenemos para impulsar estas reformas. Si no, podríamos tener que esperar otros cuatro o cinco años antes de que el debate se reabra", señala esta portavoz, en referencia a la reconfiguración del Parlamento Europeo a partir de 2024.