La muerte de 52 personas en los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres fue inevitable y no hubo negligencia oficial que propiciara o agravara la acción terrorista más grave sufrida nunca por el Reino Unido en su territorio. Esta es la principal conclusión de la investigación que durante cinco meses ha dirigido la jueza de instrucción Heather Hallet, que dio a conocer también una serie de recomendaciones para prevenir y afrontar en el futuro con mayor eficacia las acciones terroristas.

La magistrada leyó sus conclusiones ante supervivientes y familiares de las víctimas y declaró que las pruebas "no justifican concluir que hubo fallos por parte de alguna organización o individuo que causaran o contribuyeran a las muertes". Hallet manifestó que los fallecidos fueron víctimas de unlawful killing (homicidio doloso), cuyos autores fueron Mohammed Sidique Khan, de 30 años, Shehzad Tanweer (22), Hasib Hussain (18) y Jermaine Lindsay (19), en unos atentados suicidas que tuvieron como escenario tres líneas de metro y un autobús urbano.

La magistrada subrayó que las 52 víctimas hubieran fallecido "independientemente del momento en el que los servicios de emergencia y de rescate lograran llegar hasta ellos". Los supervivientes y familiares de las víctimas denunciaron que los protocolos existentes en aquel momento obstaculizaron la llegada de los servicios médicos y los bomberos hasta el lugar de las explosiones, que hubo una deficiente comunicación entre ellos y que los servicios de inteligencia pudieron evitar la matanza.

Desde que la investigación comenzó en octubre, se escucharon los testimonios de bomberos y paramédicos, que explicaron que las normas referentes al acceso a lugares potencialmente peligrosos retrasaron su bajada hasta los vagones de metro objeto de los atentados. También se conoció durante este tiempo que el servicio de ambulancias de la capital británica no envió a todo su personal disponible aquel día, pese a las peticiones de quienes ya estaban en el lugar de las explosiones.

Una vez que los servicios de emergencia bajaron hasta los andenes y los túneles donde estaban los vagones destruidos fueron incapaces de transmitir mensajes con rapidez a sus compañeros, porque las radios y los teléfonos móviles no tenían cobertura. Se supo igualmente que hubo una confusión generalizada sobre los lugares exactos de los atentados, lo que supuso que algunos equipos de rescate fueron enviados a lugares equivocados.

Aunque las bombas en el metro no explotaron hasta las 08:50, el primer camión de bomberos no llegó hasta la estación de Edgware Road hasta las 09:18, mientras que la primera ambulancia no estuvo operativa en las estación de Aldgate hasta las 09:14. Los esfuerzos para atender a los heridos también se vieron frenados por la falta de camillas y de artículos esenciales de primeros auxilios, como vendas, analgésicos y desfibriladores.

Pero la mayor frustración de las familias venía de las informaciones acerca de que el MI5, el servicio de inteligencia del Ministerio del Interior, conocía el potencial peligro de Khan, el líder del grupo, y de Tanweer, su número dos, antes del 7-J, ya que desde 2004 se sospechaba que podían plantear un atentado. Según se reveló durante la investigación, el MI5 disponía de una clara fotografía en color de los dos terroristas tomada en una gasolinera en febrero de 2004, que nunca fue enseñada a un contacto que este servicio tenía en Al Qaeda y que había coincidido con Khan en un campamento en Pakistán, donde se entrenaba a los terroristas.

Por considerar la foto, de alta resolución, un documento sensible para la seguridad nacional, lo que se le enseñó al contacto fue una copia en blanco y negro de poca resolución, que no permitió una identificación de los sospechosos con garantías. La consideración que se dio finalmente a ambos terroristas fue el de delincuentes comunes, ya que se dedicaban a cometer fraudes de poca monta y, por lo tanto, no merecían un seguimiento especial. Hallet recomendó al MI5 que considere ahora mecanismos para mejorar sus procedimientos y "garantizar que las fotos que se muestran a las fuentes humanas tengan la mejor de las calidades, en consistencia con la sensibilidad operativa".

Los familiares y supervivientes quieren ahora que las recomendaciones que haga la jueza no se queden en una mera declaración de intenciones, sino que comprometa a las autoridades británicas a emprender las reformas necesarias de sus servicios. Quienes perdieron a sus seres queridos consideraron que todavía hay preguntas sin respuesta y sugirieron que demandarán la puesta en marcha de una investigación independiente. Graham Foulkes, que perdió a su hijo David (22 años) en uno de los vagones del metro atacados, dijo que las familias no dan por cerrado el caso porque aún hay cabos por atar. "Que no me hablen de cerrar nada. Me levanté esta mañana y David estaba muerto. Se conocerá el veredicto y, cuando me levante mañana, David seguirá muerto", dijo Foulkes a la agencia local PA.