Día de Muertos en México, fiesta Patrimonio de la Humanidad. En los estados del norte, los vivos matan su miedo para salir a festejar a sus muertos, cada vez más numerosos. Los periódicos parecen un parte de guerra y algunas ciudades un charco de sangre. Y no se trata de metáforas. En los últimos diez días las víctimas mortales vinculadas al crimen organizado superan el centenar pero lo que ha sobrecogido a los mexicanos ha sido la sucesión de matanzas casi a diario que se cobró 53 vidas. Cinco fueron contra civiles; una, contra policías federales.

El Gobierno de Felipe Calderón dice que los hechos confirman la necesidad de seguir con su batalla frontal contra el narco pero se multiplican las voces que exigen hacer mucho más. "Las masacres son mensajes de los cárteles, una forma de decir que ellos son la autoridad a partir de ahora", afirma el investigador Edgardo Buscaglia.

Cada vez mueren más civiles: jóvenes que celebraban una fiesta en Ciudad Juárez; internos de un centro de desintoxicación de Tijuana; lavacoches que intentaban olvidar las drogas en Tepic (en la costa del Pacífico); chavales que trapicheaban con droga en uno de los barrios más conflictivos del DF, Tepito; o trabajadores de una maquila, otra vez de Juárez. En esa ciudad fronteriza, la que consideran más peligrosa del mundo, la tensión es tal que el viernes la Policía Federal reprimió una manifestación de estudiantes con disparos. Afortunadamente, sólo causaron un herido. Y en otros puntos del país llueven granadas sobre las comisarías.

Los ataques a civiles, que se vienen reproduciendo durante todo el año y tuvieron su punto álgido con el asesinato de 72 inmigrantes en Tamaulipas en agosto, profundizaron los reclamos a un Gobierno que parece haber perdido el control de la situación (más de 28.000 muertos desde 2006) y que elude la autocrítica. Y hasta la ONU exigió al Ejecutivo de Calderón "redoblar" los esfuerzos para controlar la violencia e investigar y perseguir a los culpables. Máxime porque la Justicia, como denunció recientemente la relatora de la ONU, Gabriela Knaul, ni es independiente ni llega a todos. Un ejemplo: el ex alcalde de Juárez, José Reyes Ferriz, al terminar su mandato, indicó que de 10.000 detenidos en tres años habían acabado en la cárcel menos de 500.

Según Buscaglia, experto en crimen organizado, la "ausencia del Estado unida a una competencia de los cárteles por el mercado y por corromper a las autoridades ha generado la tormenta perfecta y, en ella, las matanzas son la forma de comunicarse para decir que son ellos la autoridad". "Es la afganización de México", añade el investigador en conversación telefónica precisamente desde Afganistán. Y nada más claro que el mensaje lanzado por el cártel de Sinaloa tras la matanza en el centro de rehabilitación de Tijuana: acabarían con 135 personas, una por cada tonelada de marihuana decomisada en el histórico alijo de la semana previa a ese ataque.

Tampoco cesan las acusaciones contra autoridades a las que se atribuyen vínculos con el narco y hasta la Iglesia Católica ha reconocido que los cárteles han permeado algunos ambientes religiosos. Pero lo más polémico de los últimos días ha sido un narcovídeo en el que el hermano de la ex procuradora de Chihuahua, Patricia González, actualmente secuestrado, la acusaba, encañonado por un grupo de paramilitares, de haber trabajado para el cártel de Juárez junto con el ex gobernador de ese estado norteño, José Reyes Baeza.

"Es la imagen de la crisis política del Estado mexicano, grave si es mentira y grave si es verdad", indicó a la CNN el ex titular de la unidad especializada en delincuencia organizada, Samuel González Ruiz. Pero lo peor es que no es la primera vez que vídeos como ese llevan primero a investigaciones y luego a detenciones.

La ola de matanzas ocurridas en México tienen un denominador común: los muertos nunca llegan a los 30 años. Por eso varias ONG de Ciudad Juárez y de la capital del país pidieron la intervención de organizaciones internacionales para frenar este juvenicidio que, según sus datos, ha acabado con la vida de 1.200 menores desde que en 2006 comenzó la guerra frontal contra el narco de Calderón. Además, exigieron una estrategia diferente para combatir la violencia máxime porque no son sólo jóvenes los que mueren, sino también lo son los que matan.

"Estamos haciendo algo mal", dijo recientemente el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, una institución que alertó de la "bomba de relojería" que suponen los millones de adolescentes que ni estudian ni trabajan y pueden alinearse con el crimen.